La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) dio el primer paso formal para la construcción de la represa de Casupá al concretar la expropiación del primer predio en el departamento de Florida. El terreno será destinado a la instalación del obrador, punto neurálgico desde donde se coordinarán las tareas logísticas y operativas del proyecto.
Según informó el organismo, este espacio permitirá centralizar el acopio de materiales, el despliegue de maquinaria y la gestión técnica de la obra, constituyéndose en una fase inicial imprescindible para el desarrollo de la infraestructura.
El proyecto, que forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno, impactará sobre un total de 102 padrones pertenecientes a 37 propietarios. En la zona de influencia —ubicada a unos diez kilómetros de la localidad de Casupá— predominan actividades productivas como la agricultura y la ganadería, con menor presencia de lechería y cultivos de olivo.
La represa tendrá una capacidad estimada de 118 millones de metros cúbicos de agua, lo que duplicará el volumen del embalse de Paso Severino, actualmente clave en el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana.
No obstante, el avance del proyecto ha generado inquietud entre los vecinos y productores locales, quienes han manifestado falta de información detallada y reglas claras sobre el proceso. Señalan que la incertidumbre vinculada a las expropiaciones y al alcance de las obras ha afectado la estabilidad en la zona.
En el plano político, la iniciativa continúa siendo objeto de debate. Desde el oficialismo se defiende la necesidad de ampliar las fuentes de reserva hídrica, mientras que sectores de la oposición cuestionan la elección del emplazamiento y plantean alternativas como la captación de agua desde el Río de la Plata, en línea con propuestas previas.
En ese contexto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, reconoció meses atrás que la localización no es óptima, aunque subrayó la inevitabilidad de definir un punto concreto para su ejecución. Comparó la situación con decisiones urbanas que, aunque necesarias, suelen generar resistencias en quienes resultan directamente afectados.
Si se cumplen los plazos previstos, las obras comenzarían en el primer trimestre de 2027, en una iniciativa que el gobierno considera estratégica para fortalecer la seguridad hídrica del país, pero que aún enfrenta resistencias sociales y cuestionamientos políticos.
Días atrás, el alcalde de la localidad floridense, Luis Oliva, llamó a dar por hecho la construcción de la represa e invitó a los vecinos a prepararse para un cambio en la región.
Durante su intervención en CW 33, la Nueva Radio de Florida, el jerarca delineó el doble desafío que enfrenta la localidad: por un lado, asumir que la obra forma parte de una decisión de escala nacional ya encaminada; por otro, gestionar sus efectos en el tejido social local.
“Es fundamental no enfrentarnos entre nosotros. Esto no es fútbol, es un proceso que nos involucra a todos”, advirtió, en alusión a las diferencias de opinión que el proyecto ha generado entre vecinos.
Según Oliva, no solo implicará más de dos años de construcción, sino también un movimiento económico significativo, asociado a la llegada de trabajadores, servicios y nuevas dinámicas productivas.
Sin embargo, lejos de limitarse a destacar los beneficios potenciales, el alcalde puso el foco en las condiciones necesarias para que ese impacto sea efectivamente positivo. En particular, subrayó la urgencia de planificar en áreas sensibles como vivienda, caminería e infraestructura básica, que podrían verse rápidamente tensionadas por el incremento de actividad.
Oliva reconoció que ya existen gestiones en curso ante organismos nacionales y departamentales, aunque dejó entrever cierta preocupación por los tiempos de respuesta. “Necesitamos llegar a tiempo con las soluciones para que este proceso sea lo más ordenado y beneficioso posible”, señaló, marcando un punto crítico en la coordinación interinstitucional.
Respuesta
Días después, la Comisión de Vecinos de las costas del arroyo Casupá salió al cruce de las declaraciones de Oliva, y planteó un conjunto de objeciones al proyecto de la represa que impulsa el gobierno como solución para el abastecimiento de agua potable del área metropolitana.
En una respuesta pública, los vecinos —que ya afirmaban estar recibiendo notificaciones de expropiación— sostienen que sus cuestionamientos no son de carácter político sino que se apoyan en documentación oficial: el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por OSE y registros del Observatorio Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente.
El punto de partida de la discrepancia no es la necesidad de reforzar el suministro de agua para Montevideo y su zona de influencia, que los vecinos reconocen, sino la pertinencia de la solución elegida. “Una obra de esta magnitud debe ser eficaz, segura y responsable, sin trasladar al interior costos sociales, productivos y ambientales permanentes”, señalan.
Impactos locales
El documento detalla una serie de efectos previstos en el propio EIA:
Vivienda y dinámica urbana: el personal de obra —estimado en un pico de 750 trabajadores— sería alojado en instalaciones temporales dentro del predio, lo que limitaría el impacto sobre el mercado inmobiliario local.
Salud: se prevé un servicio sanitario propio en la obra para evitar presión sobre el sistema local; casos complejos serían derivados a Minas.
Empleo: la incidencia laboral local sería acotada (entre 10 y 20 puestos), con predominio de personal externo y riesgos asociados como el abandono de estudios por trabajos temporales.
Infraestructura vial: aumento del tránsito pesado, deterioro de rutas y caminos vecinales, y posibles interrupciones hasta la construcción de alternativas.
Uso recreativo: el embalse tendría acceso restringido, con prohibiciones para pesca, baño o navegación deportiva.
Ambiente: afectación irreversible de flora y fauna en un área considerada de alto valor de conservación, además de cambios en la calidad del agua y el régimen hídrico.
Producción rural: impacto directo sobre pequeños y medianos productores, con pérdida de tierras y recursos productivos en una región de peso en el PBI agropecuario.
Riesgo aguas abajo: localidades como Pueblo Bolívar, Fray Marcos y San Ramón enfrentarían riesgos de inundación en escenarios de falla estructural, aspecto que —según los vecinos— no está plenamente contemplado bajo estándares internacionales.
La Comisión concluye que la magnitud de la decisión requiere mayor rigor técnico y transparencia. “La solución al abastecimiento hídrico debe basarse en evidencia sólida y buenas prácticas”, señalan, y advierten sobre el riesgo de avanzar en un proyecto que, en sus términos, podría traducirse en “resultados inciertos”.