Por Pablo Melgar
La decisión de excluir de un puesto zafral a un trabajador que había resultado sorteado en un llamado de la Intendencia de Lavalleja abrió un nuevo foco de tensión entre el gobierno departamental y las autoridades municipales. El episodio involucra al director de Descentralización, Daniel Urquiola, y a la alcaldesa del Municipio de José Pedro Varela, Rosario Pereira.
“Rosario. Te estuve llamando. Tuvimos que poner el suplente del gurí tuyo, no corresponde que asuma”, le comunicó Urquiola a la alcaldesa, según el mensaje al que accedió SERRANO. El destinatario de la decisión no había tenido participación en el sorteo y, de acuerdo con fuentes consultadas, el trabajador que había resultado seleccionado evalúa iniciar acciones legales para reclamar su derecho a ocupar el puesto.
Más allá de la situación particular, el episodio comenzó a ser interpretado dentro de sectores políticos como una señal acerca del margen de discrecionalidad que tendría el Poder Ejecutivo departamental para modificar o dejar sin efecto resultados de procedimientos que, por su propia naturaleza, deberían estar sujetos a reglas previamente establecidas.
La discusión adquiere una dimensión política adicional porque involucra directamente a una alcaldesa y al área de Descentralización, responsable del vínculo institucional con los municipios.
El episodio coincide con un momento de creciente discusión dentro del Partido Nacional sobre la relación entre el gobierno departamental y los alcaldes.
Los equipos políticos de la Departamental Nacionalista comenzaron a analizar la posibilidad de organizar un mecanismo de seguimiento sobre el funcionamiento de la administración de Daniel Ximénez y, particularmente, sobre el vínculo que mantiene con las autoridades municipales.
Según confirmaron dos alcaldes, detrás de esa iniciativa se encuentra el exintendente Mario García.
Sin embargo, la propuesta no encontró respaldo entre los propios alcaldes blancos. Los jefes municipales plantearon que la prioridad debería ser generar canales de diálogo con el gobierno departamental antes que profundizar una estrategia de confrontación política.
La posición revela, además, una particularidad del mapa político departamental: mientras la dirigencia partidaria analiza mecanismos de control sobre la administración frenteamplista, los alcaldes procuran preservar espacios de interlocución institucional que les permitan gestionar sus municipios.
A este escenario se agregó en las últimas horas otro episodio que comenzó a circular en ámbitos políticos. Según trascendió, el intendente Ximénez habría participado, con apoyo técnico de su hija, en una intervención quirúrgica realizada a la alcaldesa de Pirarajá.
El episodio, de carácter inicialmente familiar y privado, terminó ingresando en la conversación política luego de que la información circulara desde sectores vinculados al propio jefe comunal.
Dirigentes blancos expresaron su malestar por la difusión de un asunto que, hasta ese momento, permanecía circunscripto al ámbito familiar.
La preocupación no estuvo necesariamente vinculada con la intervención en sí misma, sino con lo que algunos dirigentes consideran una falta de cuidado en la administración y circulación de información relacionada con autoridades departamentales.
Los dos episodios -el cuestionamiento a la continuidad de un trabajador sorteado y la exposición pública de una situación personal de una alcaldesa- tienen naturalezas diferentes, pero confluyen en un mismo debate político: el vínculo entre el Ejecutivo departamental y los municipios.
Mientras la oposición comienza a discutir cómo controlar políticamente la gestión de Ximénez, los alcaldes blancos parecen inclinarse, al menos por ahora, por una estrategia diferente: reclamar diálogo y preservar la relación institucional.
El resultado de esa tensión puede terminar definiendo buena parte del vínculo entre la Intendencia y los municipios durante la segunda mitad del período de gobierno.