La Junta tiene 120 días para estudiarlo y, si lo aprueba, pasará al Tribunal de Cuentas
Tras la entrega oficial del documento por parte del intendente Daniel Ximénez, el reloj constitucional se ha puesto en marcha. Los ediles tienen un plazo máximo de cuatro meses para analizar, modificar y votar la “ley madre” del departamento. ¿Cómo es el trámite? ¿Qué mayorías se necesitan? ¿Qué rol juega el Tribunal de Cuentas? Aquí, una guía para entender el proceso legislativo que definirá el futuro de Lavalleja hasta 2030.
Por Natalia Gorgoroso
Como se informó en la edición de SERRANO del sábado, el pasado viernes 9 de enero, la foto política del día fue la entrega del Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Lavalleja a la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) en un pendrive y tres carpetas.
Pero detrás de ese acto protocolar, se activó un complejo mecanismo legal regido por la Constitución de la República (Artículos 225 y siguientes) que transformará a la Junta Departamental en el centro de la política local durante el primer semestre del año.
El Presupuesto Quinquenal no es una ordenanza más. Es la herramienta que autoriza al intendente a gastar, invertir y contratar. Sin su aprobación, el gobierno queda atado de manos. A continuación, explicamos paso a paso el camino que debe recorrer el proyecto.
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Una vez que el presidente de la Junta, Mauro Álvarez, recibió el proyecto, este se deriva inmediatamente a la Comisión de Presupuesto del Legislativo comunal. Este es el grupo de trabajo más importante del órgano en este momento.
Durante las próximas semanas, esta comisión funcionará como un “juzgado”: Citará uno a uno a los directores generales de la Intendencia (Hacienda, Obras, Jurídica, Servicios Sociales, etcétera) para que expliquen, renglón por renglón, en qué piensan gastar el dinero.
Es la etapa de las preguntas incómodas y el desglose de los números. Los ediles de la oposición intentarán encontrar inconsistencias, mientras que el oficialismo defenderá el plan.
EL PLAZO: 120 DÍAS
La Constitución es estricta. La Junta Departamental tiene un plazo de cuatro meses (120 días) desde la fecha de ingreso para expedirse.
Si pasan los 120 días y la Junta no vota nada, el proyecto de Presupuesto de la Intendencia se considera rechazado. En la práctica comunal, si no hay acuerdo en fecha, rige el presupuesto anterior, lo que sería un golpe político para la nueva gestión.
EL ROL DEL TCR
Antes de la votación definitiva, existe un paso técnico crucial. La Junta debe remitir el proyecto al Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El TCR tiene un plazo de 20 días para emitir un dictamen.
¿Qué mira? No opina si el gasto es “bueno o malo” políticamente, sino si es legal. Verifica que los números cierren, que no se violen topes de deuda y que se respeten las normas de contratación pública. Si el TCR hace observaciones, la Junta debe decidir si las acepta (corrigiendo el presupuesto) o si las rechaza.
LAS MAYORÍAS
El día de la votación del Presupuesto en el plenario, se ponen en juego las manos levantadas.
– Mayoría Simple: para aprobar el presupuesto en general (gastos de funcionamiento, sueldos, obras corrientes), se necesita la mayoría simple de votos de los ediles presentes (mitad más uno). Si asisten los 31 ediles, se necesitan 16 votos.
– Mayoría Absoluta: se requiere para crear nuevos cargos de confianza o modificar escalafones que impliquen aumento de gasto estructural. La Mayoría Absoluta en la Junta son 16 votos, sin importar cuantos ediles hay en sala.
– Mayorías Especiales (2/3): Si el presupuesto incluyera la solicitud de un préstamo bancario que exceda el período de gobierno (endeudamiento a largo plazo), se necesitarían 21 votos (dos tercios de la Junta). Esto obligaría al Frente Amplio a negociar sí o sí con la oposición (Partido Nacional y/o Colorado).
EL “PING PONG”
La Junta Departamental tiene la potestad de modificar el presupuesto (recortar gastos o reasignar partidas), pero no puede aumentar el gasto total ni crear nuevos cargos que el intendente no pidió, a menos que el propio intendente dé su visto bueno.
Si la Junta aprueba un presupuesto con modificaciones que el intendente no acepta, el jefe comunal tiene la potestad de vetar esos cambios.
Si eso ocurre, el conflicto se eleva a la Asamblea General (el Poder Legislativo nacional en Montevideo), que actúa como juez final. Es un escenario extremo que todos tratan de evitar mediante la negociación política previa.
LO QUE SE VIENE
Estamos ante cuatro meses complejos. Daniel Ximénez necesita convencer a los ediles (propios y ajenos) de que su plan es viable. La oposición, por su parte, usará la lupa del presupuesto para marcar sus diferencias.
Si para mayo de 2026 hay una resolución, Lavalleja tendrá su nueva hoja de ruta; de lo contrario, el gobierno departamental deberá pilotear el barco con el presupuesto actual.