Por Natalia Gorgoroso
El manejo de los recursos públicos en nuestro departamento vuelve a estar bajo el escrutinio estricto de los organismos de contralor. Durante la lectura de los Asuntos Entrados en la sesión de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) del 29 de abril, se dio a conocer el Oficio N° 1135/2026 (Resolución 694/2026) remitido por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), como ya habíamos adelantado en páginas de SERRANO, cuando se cubrió la mencionada sesión.
El documento, fechado el 8 de abril de 2026, detalla las observaciones realizadas por las contadoras delegadas a los gastos efectuados entre octubre y diciembre de 2025.
Las cifras expuestas ante el plenario son contundentes: en apenas tres meses, se observaron 2.276 gastos en todo el departamento, sumando un total que supera los 106,8 millones de pesos uruguayos.
INTENDENCIA
El grueso de las observaciones recae directamente sobre el Ejecutivo comunal. El TCR detectó un total de 2.228 gastos observados en la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), lo que representa una erogación de 102.680.409 pesos.
El informe desglosa minuciosamente las normativas incumplidas, dejando en evidencia fallas recurrentes en la planificación financiera y en los procedimientos de contratación. Entre las infracciones más graves y cuantiosas destacan:
- Falta de disponibilidad presupuestal (Art. 15 del TOCAF): Es, por un margen abrumador, la infracción que más dinero compromete. Se registraron 728 gastos sin respaldo en el presupuesto, sumando 74.469.339 pesos.
- Gastos no previstos (Art. 86 de la Constitución): Se detectaron 1.108 instancias donde se realizaron erogaciones no contempladas presupuestalmente, alcanzando los 12.837.660 pesos.
- Exceso en compras directas (Art. 33 del TOCAF): En 202 ocasiones, el total acumulado de compras superó el límite legal permitido para la modalidad de compra directa, totalizando 8.688.853 pesos.
- Falta de autorización competente (Art. 14 del TOCAF): 83 gastos fueron realizados sin la firma del ordenador correspondiente, involucrando 2.855.492 pesos.
- Exceso de horas extras: Contraviniendo el Convenio 30 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se registraron 79 casos donde se superó el tope permitido de horas extras, con un costo de $1.378.577.
- Contrataciones y pagos irregulares: El informe también señala 12 gastos sin contrato (Art. 21 del TOCAF) por más de 1,1 millones de pesos; pagos realizados sin la intervención del contador delegado (Art. 211 de la Constitución); compras sin documentación oficial de la Dirección General Impositiva (DGI); y el ingreso directo de un funcionario en la categoría “especializado” sin mediar concurso, violando el decreto departamental 994/82.
MUNICIPIOS
El control del TCR también abarcó el nivel municipal, donde las contadoras delegadas observaron 48 gastos por un importe total de 4.121.110 pesos. La distribución de estas irregularidades muestra realidades dispares en el interior del departamento:
- Municipio de José Batlle y Ordóñez: Concentra la mayor parte de las observaciones municipales. Se le observaron 44 gastos, todos por falta de disponibilidad presupuestal (Art. 15 del TOCAF), sumando 3.760.783 pesos.
- Municipio de Mariscala: Registró 2 gastos observados por 268.827 pesos. Las faltas incluyen contratar a un proveedor no inscripto en el RUPE (Art. 72 del TOCAF) y superar el límite máximo de compra directa (Art. 33 del TOCAF).
- Municipio de Solís de Mataojo: Se le observaron 2 gastos por falta de disponibilidad presupuestal (Art. 15 del TOCAF), por un total de 91.500 pesos.
EL DICTAMEN FINAL
El documento del TCR aclara que, si bien existieron resoluciones de “reiteración del gasto” por parte de los ordenadores (amparados en la ley 17.296 y la Constitución, que exige fundamentar detalladamente los motivos para seguir adelante con un pago observado), las excusas presentadas por el Ejecutivo no fueron de recibo.
El Tribunal de Cuentas fue categórico al concluir que “los fundamentos expuestos en las resoluciones no ameritan el levantamiento de las observaciones”.
En consecuencia, el organismo resolvió ratificar in totum las observaciones formuladas, dar cuenta oficial a la Junta Departamental para su análisis político y de contralor, y derivar el expediente a la Comisión de Presupuesto del Legislativo comunal.