Por Natalia Gorgoroso
La Junta Departamental de Lavalleja (JDL) se prepara para una sesión ordinaria fundamental que tendrá lugar hoy, miércoles 18 de marzo, a partir de las 19:30 horas en la sala de sesiones de la esquina de Batlle y Rodó.
Si bien la convocatoria abarca una variedad de temas de interés departamental, el centro de gravedad político e institucional de la jornada recaerá ineludiblemente sobre los dictámenes que presentará la Comisión Especial de Reglamento. Se trata de la primera gran revisión del marco normativo que rige el funcionamiento del Legislativo departamental desde su histórica aprobación a finales del año pasado.
Para desglosar los detalles técnicos y políticos de esta instancia, desde SERRANO dialogamos en exclusiva con la edil Gabriela Umpiérrez, pieza fundamental en la articulación de este documento.
UN CAMBIO DE PARADIGMA
El actual Reglamento Interno fue sancionado en octubre de 2025, marcando el desenlace de un proceso de redacción y debate que tomó casi una década. La Comisión Especial encargada de esta tarea fue conformada originalmente en el año 2016, con el ambicioso objetivo de modernizar y ordenar el funcionamiento del Cuerpo.
Durante la entrevista, la edil Umpiérrez no dudó en calificar el nuevo texto como un verdadero “cambio de paradigma al reglamento que estaba vigente a la actualidad de esa fecha”. Según explicó la curul, el documento normativo anterior “era un reglamento que sufrió un montón de modificaciones, pero eso era vetusto porque es un reglamento que realmente tenía años de elaboración, de aplicación con las modificaciones que se fueron agregando”.
La necesidad de dotar a la Junta de un marco orgánico coherente era imperiosa. El compromiso de Umpiérrez con este proyecto ha sido una constante en su carrera legislativa. “En lo particular te puedo decir que integré la comisión desde su origen, salvo cuando fui presidenta del cuerpo, que fue en noviembre de 2020 a noviembre de 2021, que ahí me tocó presidir la Junta Departamental, por lo tanto no podía integrar las comisiones, pero desde su origen siempre estuve en contacto y siempre la estuve integrando”, rememoró la edil, destacando el profundo conocimiento que posee sobre cada artículo e inciso redactado.
EL PERÍODO DE PRUEBA
Al momento de aprobarse el nuevo reglamento en octubre de 2025, los legisladores tomaron una decisión sumamente pragmática: abrir una ventana de revisión a corto plazo. Conscientes de que la teoría muchas veces choca con la práctica administrativa del día a día, “se estableció un plazo de seis meses a prueba del reglamento interno para que tantos funcionarios, ediles o la propia comisión, de advertir alguna mejora en lo que se había establecido o previsto o alguna sustitución o modificación, lo pudiera hacer en un procedimiento mucho más ágil”, detalló Umpiérrez.
Este plazo, que expira el próximo 9 de abril, fue concebido para pulir asperezas antes de que el texto quedara definitivamente consolidado bajo los estrictos mecanismos de reforma habituales. El fruto de este semestre de evaluación es precisamente lo que se someterá a votación en la sesión de esta noche.
Sobre el espíritu de los cambios propuestos, la edil fue categórica al citar los fundamentos del informe que ingresará al plenario: “las modificaciones introducidas en determinados artículos del reglamento responden a la necesidad de adecuar su contenido a las previsiones de la Ley Nº 9.515, procurando asegurar la debida armonización normativa entre el texto reglamentario y el marco legal vigente”.
Además, Umpiérrez enfatizó que las correcciones “recogen la práctica legislativa y administrativa que se ha venido consolidando en la aplicación de la norma, incorporando criterios interpretativos y operativos que han demostrado resultar más adecuados para su implementación”.
En definitiva, se persigue un “propósito de perfeccionamiento técnico del texto reglamentario, orientado a dotarlo de mayor claridad, coherencia y eficacia en su aplicación”.
RECHAZO A LA IDEA DE CALVO
Uno de los puntos que mayor expectativa generaba en la previa de esta sesión era una iniciativa impulsada por el edil colorado Néstor Calvo. El curul elevó un proyecto formal a la Comisión Especial de Reglamento proponiendo una reforma sustancial en la dinámica de las sesiones: extender la tradicional “media hora previa” a una hora completa de duración para los Asuntos Previos, argumentando que esto garantizaría un mayor espacio de participación y uso de la palabra para una mayor cantidad de ediles.
Sin embargo, la iniciativa no encontró eco en el seno de la comisión asesora. Umpiérrez adelantó a SERRANO que el dictamen que se leerá esta noche aconseja rechazar la propuesta. “Desde el punto de vista de la comisión fue unánime decir: negativo, o sea, quedaría la hora media por la misma fundamentación que vas a ver en la sesión”, sentenció.
La edil explicó que existe una fuerte convicción institucional detrás de esta negativa: “Entendemos que la media hora se conserve y no pase a ser una hora de previos”. Si bien el informe bajará al plenario con carácter desfavorable, el debate está asegurado, ya que, como bien apuntó Umpiérrez, la fundamentación de la comisión “puede o no ser suficiente para el edil” proponente y la última palabra la tendrá la mayoría de los votos en sala.
CORRECCIONES DE FORMA
Más allá de los debates políticos, la sesión de hoy servirá para ordenar cuestiones de estricta técnica legislativa. Un ejemplo claro de esto es la reubicación del Artículo 99 del reglamento. Dicho artículo regula los mecanismos de suplencia permanente en casos de vacancia por muerte, incapacidad o renuncia. La comisión advirtió que este texto había quedado erróneamente ubicado dentro de la sección dedicada exclusivamente a las atribuciones del Presidente y los Vicepresidentes.
Por una cuestión de prolijidad jurídica, “no debió estar ahí sino en la parte de disposiciones generales que está al final del instrumento jurídico”, señaló la edil, confirmando que se votará su traslado estructural.
EL DILEMA CONSTITUCIONAL
También se abordará esta noche la resolución de un dilema histórico que cruza la labor legislativa con los mandatos de la Constitución de la República. El problema radica en el procedimiento formal que debe seguir un edil para solicitar pedidos de informes o datos necesarios para su tarea de contralor. Reglamentariamente, el edil redacta la solicitud y la eleva al presidente de la Junta, quien es el encargado de cursarla a las reparticiones correspondientes.
El vacío procedimental se genera cuando es el propio presidente de la Junta quien desea ejercer su función de contralor. “¿Qué pasa cuando el presidente, que además de ser presidente es edil porque su calidad no la pierde durante su mandato, quiere hacer un pedido de informe? ¿A quién se dirige? ¿Se lo dirige a él mismo?”, planteó Umpiérrez, ilustrando una situación que históricamente ha generado confusión administrativa.
Hasta ahora, la práctica informal sugería que el presidente de la JDL pidiera licencia momentánea, asumiera el vicepresidente, recibiera la solicitud y la cursara a través de la Secretaría.
Para terminar de una vez por todas con estas interpretaciones ambiguas, la comisión presentará hoy un requerimiento formal, redactado en los siguientes términos: “En otro orden, se entiende pertinente solicitar al asesor letrado que dictamine respecto de la forma de instrumentación de lo previsto en los Artículos 284º y 286º de la Constitución de la República, teniendo presente que el presidente ostenta asimismo la calidad de edil. (Literal D, Artículo 116º)”.
Con este dictamen jurídico, la Junta Departamental espera sellar las fisuras de su reglamento y garantizar una operativa transparente, ágil y, sobre todo, ajustada a derecho para todos sus integrantes.