Tiempo atrás, la periodista y legisladora catalana Pilar Rahola me enseñó algo sobre el valor político de ciertas palabras. Entre ellas, una especialmente poderosa: pueblo.
Para algunos sectores de la izquierda, esa palabra funciona como un imán capaz de reunir bajo una misma bandera un conjunto de ideas, sensibilidades y posiciones que, examinadas por separado, difícilmente constituirían una doctrina coherente. Pueblo opera así como un catalizador. Convoca, emociona, identifica. Pero no necesariamente explica.
Algo parecido ocurre con otra expresión de enorme potencia retórica: Patria Grande. El concepto tiene una genealogía mucho más respetable que algunas de las utilizaciones políticas que se han hecho de él. Su apropiación como patrimonio exclusivo del progresismo latinoamericano es, en buena medida, un hurto al artiguismo.
Porque Artigas no necesitaba de consignas continentales para comprender que la región constituía un espacio político y económico que debía trascender las fronteras. Lo curioso es que, muchas veces, la Patria Grande terminó reducida a una retórica de boliche, a una consigna de militancia o, en el mejor de los casos, a algún tablado sesentoso.
La historia económica del continente cuenta, sin embargo, otra historia.
Hace algunos días, después de haber planteado públicamente algunas de estas ideas sobre la integración regional en un medio argentino, recibí las observaciones de quien considero un verdadero maestro de la diplomacia continental.
Su comentario tenía la virtud que suelen tener las observaciones de los buenos maestros: no necesitaba destruir un argumento para obligarlo a ser revisado. Bastaba con introducir un matiz.
Y ese matiz era sustancial.
La integración económica del Cono Sur no puede ser explicada como una obra esencialmente de la izquierda. En los hechos, determinadas derechas fueron tan o más integracionistas que las izquierdas en el terreno económico.
La explicación es bastante sencilla: desde la década de 1970, buena parte de las derechas de esta región abrazó una concepción aperturista de la economía.
El mercado dejó de ser visto exclusivamente como una amenaza y comenzó a ser considerado también como un instrumento para ampliar las relaciones comerciales y productivas.
Hay hechos que deberían ser recordados antes de repetir determinadas categorías ideológicas.
Juan Domingo Perón y Juan María Bordaberry, desde gobiernos de signos políticos diferentes, avanzaron en acuerdos fundamentales vinculados con el Río de la Plata y contribuyeron a establecer las bases de una relación bilateral que tendría consecuencias posteriores en materia de integración.
Fueron, además, gobiernos militares de derecha los que impulsaron en el Cono Sur procesos de apertura económica. En Uruguay, el nombre de Alejandro Végh Villegas resulta inevitable.
Aquella apertura no produjo automáticamente la integración, pero creó condiciones para ella. La transformación de la ALALC en la ALADI, en 1980, debe ser observada también desde esa perspectiva. Y lo mismo puede decirse de instrumentos como el PEC y el CAUCE, que procuraron ampliar y ordenar el intercambio entre Argentina y Uruguay.
Incluso el nacimiento del MERCOSUR contiene una paradoja que suele incomodar a las explicaciones ideológicas demasiado sencillas.
El proceso que habían comenzado Raúl Alfonsín y José Sarney tenía un fuerte componente político. Era un proyecto estratégico de aproximación entre Argentina y Brasil, más pausado y basado en buena medida en mecanismos de comercio administrado.
Pero la llegada de Carlos Menem y Fernando Collor de Mello aceleró el proceso y le otorgó una dimensión económica mucho más profunda. Las dos economías estaban embarcadas en procesos de apertura y necesitaban, entre otras cosas, un ámbito regional capaz de anclar y ordenar esa transformación.
El MERCOSUR no nació, entonces, exclusivamente de la izquierda latinoamericana. En su aceleración económica hubo una participación decisiva de gobiernos que difícilmente puedan ser incluidos en esa categoría.
Aquí aparece una de las grandes paradojas de la política latinoamericana: la izquierda ha sido históricamente mucho más integracionista en el discurso que en la economía.
Ha dotado a la integración de una enorme carga política y simbólica. Ha hablado de pueblos hermanos, soberanía regional, identidad latinoamericana y destino común. Todo eso puede tener un valor político indudable. Pero cuando se trata de permitir que circulen libremente los bienes, los servicios, los capitales y, todavía más delicado, los factores de producción, aparecen las restricciones.
El mercado se convierte entonces en el enemigo.
Las fronteras nacionales, que en el discurso deben desaparecer para construir la Patria Grande, recuperan misteriosamente toda su importancia cuando se trata de proteger determinadas industrias, impedir la competencia o limitar la movilidad económica. El integracionismo político avanza mientras el económico tropieza.
Europa ofrece un contraste formidable.
La integración europea fue construida a través de una combinación mucho más compleja entre política, economía e instituciones. Y tuvo una particularidad decisiva: consiguió avanzar independientemente de que los gobiernos nacionales fueran de izquierda, de derecha o de centro. La integración económica dejó de ser una bandera partidaria para convertirse en una política de Estado.
Quizás allí esté una de las explicaciones de nuestras dificultades.
Una parte considerable de las izquierdas latinoamericanas nunca terminó de confiar en las fuerzas del mercado.
Más aún: en muchos casos nunca terminó de comprenderlas. El mercado es visto como una amenaza política antes que como un mecanismo económico. Y cuando eso sucede, la integración queda atrapada en la retórica.
Pero hay una segunda paradoja, esta vez mucho más contemporánea.
Mientras en América Latina todavía discutimos si abrir los mercados es una posición de derecha o de izquierda, el Partido Republicano de Estados Unidos está atravesando una transformación ideológica que obliga a revisar algunas certezas.
Durante décadas, el republicanismo estadounidense fue uno de los principales centros de irradiación de la concepción liberal de la economía. Menos Estado, menor presión regulatoria, impuestos más bajos, confianza en el sector privado y una profunda desconfianza hacia la intervención estatal constituían algunas de sus señas de identidad.
Eso está cambiando.
Una nueva corriente dentro del republicanismo estadounidense ha comenzado a aceptar algo que durante mucho tiempo habría parecido una herejía: el Estado puede intervenir en la economía cuando están en juego los intereses estratégicos nacionales.
No se trata necesariamente de abandonar el capitalismo ni de sustituir el mercado por la planificación. Se trata de utilizar el poder del Estado para proteger sectores considerados estratégicos, asegurar cadenas de suministro, promover determinadas industrias y competir con una potencia como China que no comparte las reglas tradicionales del liberalismo económico occidental.
La discusión, por tanto, ya no es simplemente Estado contra mercado.
Es qué Estado, para qué mercado y con qué objetivos estratégicos.
Estados Unidos está descubriendo que la competencia con China no se resuelve únicamente con menores impuestos o dejando actuar al mercado.
China utiliza de manera deliberada el poder del Estado para conquistar posiciones industriales, tecnológicas y comerciales. Frente a eso, Washington comienza a responder con sus propias herramientas.
El dato debería interesarnos mucho más de lo que nos interesa.
Porque si el centro histórico del liberalismo mundial está reconsiderando la relación entre Estado y mercado, sería bastante ingenuo seguir utilizando las categorías políticas de hace medio siglo para interpretar el mundo actual.
La vieja división entre una izquierda estatista y una derecha liberal tampoco alcanza ya para explicar lo que sucede.
Y mucho menos alcanza para explicar la integración regional.
La verdadera discusión latinoamericana debería ser otra: cómo conseguir que la integración deje de ser una ceremonia política y se transforme en una realidad económica. Cómo hacer que las fronteras sean menos importantes para producir, comerciar, invertir y trabajar. Cómo construir una región capaz de aprovechar sus enormes complementariedades en lugar de proteger sus pequeñas ineficiencias.
Eso exige abandonar algunos mitos.
Entre ellos, el de que la Patria Grande pertenece a la izquierda. Y también el de que la integración económica es necesariamente una criatura progresista.
La historia demuestra algo bastante más incómodo: en el Cono Sur, muchas de las grandes decisiones que hicieron posible la apertura y la integración económica fueron impulsadas por gobiernos que la izquierda jamás reconocería como propios.
Quizás por eso resultó tan útil aquella conversación con mi maestro de la diplomacia continental. Porque algunas veces una buena observación no cambia una conclusión: cambia la calidad de las preguntas que conducen hasta ella.
Las palabras pueden seguir perteneciendo a quien mejor las pronuncia. Los hechos, en cambio, pertenecen a la historia.
Pablo Melgar