En el ecosistema informativo contemporáneo existe una categoría de audiencia que los editores digitales conocen bien: los indignados.
No son lectores ocasionales ni consumidores distraídos. Son activos, comentan, comparten, reaccionan. Constituyen tráfico y volumen. Pero no buscan información para comprender la realidad, sino para confirmar una convicción previa: que todo está mal y que el responsable tiene nombre y apellido.
Su dieta informativa es selectiva.
Necesitan que el adversario -político, religioso, deportivo o cultural- haya cometido una falta que ratifique sus sospechas. Una vez obtenido el insumo, el circuito se activa: redes sociales, descalificación, juicio sumario.
No hay contraste de fuentes ni lectura de documentos. La indignación opera como atajo cognitivo. Es más emocional que racional y, por eso mismo, más rentable en términos de circulación.
Los portales lo saben.
La corrupción política y la moral sexual son disparadores clásicos. La fórmula es conocida: titular inflamable, contexto mínimo, amplificación inmediata.
El resultado no es deliberación pública sino polarización acelerada. Se alimenta un rasgo humano primario -la necesidad de pertenencia y confrontación- y se obtiene a cambio una turba digital que vuela platos antes de preguntar quién puso la mesa.
Ese comportamiento, sin embargo, tiene efectos concretos cuando se traslada del plano virtual al espacio público. La indignación necesita objetos visibles. Y pocas cosas resultan tan visibles como la pobreza extrema. La persona que duerme en un banco, el campamento improvisado en la vereda, el cuidacoches que ofrece vigilancia informal: todos encarnan, para el indignado, la evidencia de que el orden está roto.
Es cierto que existen problemas de convivencia. También es cierto que el consumo problemático de drogas agrava situaciones y genera episodios de violencia o deterioro urbano. Negarlo sería ingenuo.
Pero convertir cada caso en una prueba de decadencia moral colectiva y exigir su erradicación por decreto es otra forma de simplificación peligrosa.
En las últimas horas, un vidrio roto de un auto y un campamento improvisado reavivaron conversaciones en mi interna familiar. El reflejo es inmediato: “que los saquen”, “que no estén más”, “los espacios públicos son de todos”.
La frase es correcta en su formulación jurídica. La cuestión es qué significa en términos sociales y políticos.
Jorge Larrañaga repetía que “no hay derecho a vivir en la calle”. La afirmación, leída con cuidado, no era una defensa del desalojo sino una interpelación al Estado: nadie debería verse forzado a esa condición. Sin políticas públicas eficaces, la consigna se vacía y se transforma en reclamo punitivo. El derecho a no vivir en la calle no equivale al deber de desaparecer de la vista.
La experiencia reciente de Colonia ilustra la tentación de la solución rápida. La Junta Departamental prohibió la presencia de cuidacoches en sus calles. La medida fue celebrada en redes sociales con entusiasmo inmediato.
Se resolvió el síntoma. Quedó en silencio la pregunta estructural: ¿qué ocurre con esas personas al día siguiente? ¿Cuál es el costo social de desplazar sin integrar?
En Minas la situación no es distinta. Hay personas en situación de calle y hay cuidacoches. Existe una oficina del Ministerio de Desarrollo Social. Hay funcionarios municipales. El problema ha sido señalado reiteradamente. Sin embargo, la percepción extendida es que no ocurre nada. Esa inacción alimenta la indignación, que a su vez presiona por respuestas expeditivas y visibles.
El dilema es más complejo de lo que permite la lógica binaria de las redes.
Entre la indiferencia burocrática y el punitivismo emocional hay un amplio espacio de políticas públicas posibles: dispositivos de atención sostenida, coordinación interinstitucional, programas de inserción laboral realistas, estrategias de reducción de daños para consumos problemáticos, evaluación transparente de resultados.
Nada de eso produce titulares virales. Tampoco genera la descarga inmediata que buscan los indignados.
La democracia liberal se sostiene sobre procedimientos y equilibrios, no sobre impulsos. Cuando la indignación sustituye al análisis, la conversación pública se empobrece y los más frágiles quedan expuestos a decisiones tomadas para calmar el ánimo colectivo antes que para resolver causas estructurales.
Nadie quiere ver vidas destrozadas en la vereda. La pregunta relevante no es cómo ocultarlas, sino cómo evitar que se multipliquen.
Firmar un decreto para “no verlos más” puede ofrecer alivio simbólico. Pero gobernar implica algo más exigente: asumir que los problemas complejos no se resuelven con aplausos digitales, sino con políticas consistentes, evaluables y sostenidas en el tiempo.
La industria de la indignación seguirá funcionando mientras haya incentivos para explotarla.
La responsabilidad de los medios es no convertirse en su combustible principal.
La responsabilidad de la política es no confundir ruido con mandato.
Y la responsabilidad ciudadana, quizás la más incómoda, es resistir la tentación de creer que todo está mal porque alguien nos lo repite con suficiente volumen.
Pablo Melgar