Por Natalia Gorgoroso
Tras la filtración de un documento que proponía partidas de hasta $50.000 para los curules, los tres partidos políticos con representación en la Junta Departamental de Lavalleja salieron al cruce este fin de semana. Mientras el Partido Nacional confirma que la iniciativa provino de un edil del Frente Amplio y la tacha de inconstitucional, el oficialismo se desmarca de la maniobra y el Partido Colorado asegura desconocer el planteo.
El proyecto que buscaba instrumentar el cobro de «gastos de representación» para los ediles de la Junta Departamental de Lavalleja, cargo que la Constitución define como honorario, ha sido desactivado tras los comunicados oficiales emitidos por las bancadas del Partido Nacional, el Frente Amplio y referentes del Partido Colorado.
La polémica estalló luego de que trascendiera un texto, titulado “Propuesta de Implementación de Partidas Mensuales por Gastos de Representación”, que sugería montos de entre $35.000 y $50.000 mensuales para los legisladores departamentales, argumentando una supuesta desventaja comparativa con otros departamentos.
PARTIDO NACIONAL
La bancada de ediles del Partido Nacional emitió un duro comunicado este 14 de febrero, donde no solo rechaza de plano la iniciativa, sino que señala directamente el origen de la misma.
Según los nacionalistas, la propuesta «fue recibida por nuestra bancada tras ser enviada por un edil del Frente Amplio», quien habría mantenido conversaciones previas con integrantes del Partido Nacional antes de intentar una remisión formal.
El argumento central del rechazo blanco es jurídico. Bajo el subtítulo «Rechazo por inconstitucionalidad», la bancada declara que no acompañará ninguna propuesta que vulnere el artículo 295 de la Constitución de la República, el cual prohíbe explícitamente el cobro de sueldos para el cargo. «El cumplimiento de la ley es nuestra premisa innegociable», sentenciaron, aclarando que este asunto «no es un tema de agenda ni de preocupación» para su partido.
FRENTE AMPLIO
Por su parte, la bancada de ediles del Frente Amplio también emitió su comunicado el mismo 14 de febrero, intentando contener el daño político y separando la actuación institucional de las acciones individuales.
En su misiva, la izquierda asegura que «no estaba en conocimiento previo de ninguna iniciativa» de este tipo y niega tajantemente que el tema esté incorporado en su agenda de trabajo actual.
Sin embargo, el comunicado deja entrever la interna de la situación al señalar que «cada edil puede impulsar propuestas a título individual», pero enfatizan que, como bloque, no están discutiendo formalmente el proyecto.
El FA cerró su declaración haciendo un llamado a la «responsabilidad» y al respeto de los ámbitos orgánicos, sugiriendo que temas de tal impacto institucional requieren consensos que, evidentemente, no existían.
PARTIDO COLORADO
Desde el Partido Colorado, la reacción llegó a través del edil Luis María Carresse Toledo, quien junto a los ediles Néstor Calvo y Julio César Sánchez, desmintió cualquier participación.
«Ignoramos cualquier propuesta vinculada al cobro de gastos de representación», expresó Carresse. El edil colorado fue enfático al aclarar que ni en la Coordinación de la Junta, ni en las comisiones de Presupuesto o Legislación, espacios naturales para tratar estos temas, se presentó formal o informalmente la propuesta. «Tema aclarado», sentenció, cerrando la puerta a cualquier especulación sobre el apoyo de su sector.
EL DOCUMENTO
El texto que originó la tormenta política intentaba justificar la partida económica para cubrir traslados y logística, alegando que Lavalleja es uno de los pocos departamentos que no otorga estos beneficios.
Si bien en los días previos versiones señalaban al edil frenteamplista Ezequiel Larrea como el impulsor, hecho que él mismo negó a SERRANO, el comunicado oficial del Partido Nacional ratifica que el documento provino de las filas del oficialismo, aunque sin nombrar explícitamente al autor en su carta pública.
Con las tres bancadas alineadas ahora en el rechazo público, la iniciativa carece de viabilidad política, reafirmando, al menos por el momento, el carácter honorario de la función legislativa departamental en Lavalleja.