El médico jubilado y vecino de la zona habló sobre la obra y planteó varios puntos críticos
Por Natalia Gorgoroso
Como se informó en nuestras páginas, el pasado viernes 23 de enero, durante el acto del Movimiento “Un Solo Uruguay” (USU) en Gaetán, una de las voces que más resonó fue la del Dr. Juan Carlos Lorenzo. Vecino de la costa del Arroyo Casupá desde hace más de una década, Lorenzo se ha convertido en un referente técnico y social para las familias que enfrentan la inminente expropiación para la construcción de la represa en la zona.
En un mano a mano con SERRANO, profundizamos en los detalles que el tiempo de oratoria en el estrado no permitió desarrollar: la inviabilidad de la obra ante el cambio climático, el daño ambiental irreversible y una denuncia gravísima sobre la seguridad de las poblaciones aguas abajo.
“NO SOMOS INTEGRANTES”
SERRANO: Para poner en contexto a los lectores, ¿cuál es su vínculo con la zona y por qué participó en el estrado de “Un Solo Uruguay”?
Juan Carlos Lorenzo: Soy un médico jubilado que hace casi 11 años compró una pequeña chacra en la costa del Arroyo Casupá, justamente en la zona que va a ser embalsada. Con los años uno se integra a la sociedad y, cuando comenzó el apuro por construir la represa, empecé a ver la preocupación de los vecinos. Quizás por ser doctor o tener cierta facilidad de palabra, me fueron delegando la responsabilidad de representarlos en reuniones y entrevistas. Es importante aclarar algo: nosotros no somos integrantes del Movimiento “Un Solo Uruguay”. Ellos tuvieron la generosidad de darnos el micrófono en un momento donde estábamos en el ojo de la tormenta. Aprovechamos esa oportunidad para expresar nuestra preocupación, pero es una lucha de los vecinos, no una bandera política ni del movimiento, y eso quedó claro incluso en su proclama, donde mantuvieron distancia del tema específico para dejarnos hablar a nosotros.
“CORRE RIESGO DE NO SERVIR”
S.: En su discurso usted mencionó una idea rectora: “una gran verdad y una gran mentira”. ¿Podría explicarnos ese concepto?
J.C.L.: Es el hilo conductor de todo esto. La gran verdad es indiscutible: Montevideo tiene un problema serio con el agua. La crisis de 2022 y 2023 lo demostró. Dependemos del Santa Lucía, que está contaminado y es propenso a sequías que, con el cambio climático, serán más frecuentes. Esa inseguridad hídrica es real. La gran mentira es cómo construyen la solución. La represa de Casupá se tomó como un eslogan de campaña política, primero por el Frente Amplio y luego continuado por este gobierno. Repitieron tanto que Casupá es la solución, que se obligaron a sí mismos a construirla para no faltar a su palabra, aunque ya se han dado cuenta de que corre riesgo de no servir para nada.
S.: ¿Por qué dice que no serviría?
J.C.L: Porque no es resiliente. Si miramos el arroyo hoy, a pocos kilómetros del futuro muro, el agua no llega ni al tobillo. Son arroyos que se cortan si falta lluvia un mes. Si tenemos una sequía prolongada de dos años, la represa no va a tener agua. Están calculando la obra con series históricas, mirando cuánto llovió en el pasado, pero el clima cambió. Las lluvias del pasado no van a llenar los embalses del futuro. Apostar la seguridad de dos millones de personas a eso, es un error de cálculo peligrosísimo.
EL TEMA AMBIENTAL
S.: Pasando al tema ambiental, usted habló de compromisos internacionales de Uruguay que se verían afectados. ¿De qué magnitud es el daño?
J.C.L.: Hay daños cuantificados que el gobierno omite. Uruguay emite Bonos Soberanos cuya tasa de interés depende del cuidado de los montes nativos y la captura de carbono. Al talar el monte para la represa, vamos contra eso. Se dice que son 400 hectáreas, pero mis cálculos sobre el Arroyo Casupá indican que tiene unas 1.100 hectáreas de monte en total de punta a punta, y le van a sacar la mitad. Dejarán al arroyo sin su filtro natural, lo que empeorará la calidad del agua que ya viene con fósforo por la actividad agropecuaria.
S.: ¿Y qué opina de las propuestas de mitigación ambiental que presenta el proyecto?
J.C.L.: Son disparates. Proponen trasplantar árboles nativos adultos, lo cual es imposible, no funciona. El Ministerio de Ganadería habla de recolectar semillas para congelarlas en un banco de germoplasma y luego revivirlas. Yo le llamo a eso un Parque Jurásico en Casupá. Y con la fauna es peor. Estamos en el área H-25, una zona de alta biodiversidad prioritaria para el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas). El plan de mitigación dice que van a ahuyentar a los animales o ayudarlos a salir y soltarlos en otro lado. ¿Dónde? No hay dónde soltarlos. Es un desconocimiento total del impacto. El presidente de CAF aseguró que este era un proyecto “verde”. Eso es falso. Un proyecto que deforesta, que desplaza gente, que elimina animales y pone en riesgo especies en extinción, no es verde. Lo único verde que va a haber acá es el agua podrida estancada y los dólares que vamos a quedar debiendo todos los uruguayos.
“DESTIERRO EN SU PROPIA TIERRA”
S.: Usted utilizó un término para referirse a los pobladores afectados como desterrados.
J.C.L.: Sí, porque es distinto a ser exiliado. Al exiliado le queda la esperanza de volver. A esta gente no. Hay familias que llevan seis generaciones ahí, más de 100 años. El Estado dice que son 34 propietarios, pero ignora a las 60 u 80 familias de arrendatarios y trabajadores que viven de esa tierra. Además, el diseño de la expropiación es cruel. Pasan la raya del lago y le dejan al productor un retazo de campo, sin la parte fértil que es la costa, y con una superficie de 50 o 60 hectáreas que es inviable económicamente. Le están diciendo “acá no te podés quedar”. Es un destierro en su propia tierra.
AGUAS ABAJO
S.: Hay un punto que usted no llegó a desarrollar en el discurso por falta de tiempo, pero que me comentó fuera de micrófono: la seguridad de las poblaciones aguas abajo, específicamente Pueblo Bolívar.
J.C.L.: Es un tema que me quedó pendiente y es gravísimo. En el proyecto original de la represa está escrito: si hay una falla con el embalse lleno, Pueblo Bolívar desaparece en 30 minutos. Estamos hablando de una población mayoritariamente de adultos mayores. Es imposible evacuar un pueblo entero de gente mayor en media hora. Para que tenga una referencia, ante una rotura, el agua tardaría 4 horas en llegar a Fray Marcos y unas 10 u 11 horas a San Ramón. Allí hay margen, pero Bolívar está sentenciado.
S.: ¿No existen planes de contingencia o realojo para esa localidad?
J.C.L.: He hecho pedidos de acceso a la información pública al SINAE (Sistema Nacional de Emergencia) y a la Comisión Nacional de Seguridad de Represas. La respuesta es que no tienen nada. En OSE me dijeron que eso lo iban a ver después de que estuviera construida la represa. Es de una imprudencia total. Las normas internacionales y el Banco Mundial exigen que si hay amenaza a la vida, se resuelva antes de empezar a construir. Tabaré Vázquez, en 2019, previó esto y mandó crear comisiones de seguridad y ratificó el Acuerdo de Escazú, que obliga a informar y proteger a la gente. Pero hoy, de Bolívar no se habla, nadie habla de ellos, y están en riesgo de muerte si esa obra falla.
RESPONSABILIDAD Y PASOS A SEGUIR
S.: ¿A quién responsabiliza de esta situación?
J.C.L.: La responsabilidad última es del presidente de la República. Puede delegar, pero él es el responsable de la seguridad hídrica y de no dañar a ciudadanos inocentes. También veo un problema grave con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Él se ha enamorado del proyecto, lo quiere hacer a toda costa, pero a la vez es quien debe controlar el daño ambiental. Es juez y parte. Creo que actúa de buena fe, convencido de que es la solución, pero cierra los ojos ante la evidencia de que, de aquí a 8 o 10 años, Montevideo seguirá sin seguridad de agua y habremos gastado millones en una obra insegura e ineficiente.
S.: ¿Qué pasos seguirán los vecinos?
J.C.L.: Esto es una lucha permanente. Ya tengo una denuncia presentada en la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por el tema de Pueblo Bolívar. No podemos demandar al Estado por una intención de obra, pero en el momento en que se formalicen los actos administrativos y comience el daño real, actuaremos legalmente. Si el país precisa la obra, que se haga, pero que se haga bien, respetando la ley, el medio ambiente y la vida de la gente. No a los empujones.
Su incidencia en la situación de Casupá
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Su nombre formal es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”.
Su objetivo no es solo proteger el medio ambiente, sino garantizar que las personas tengan herramientas legales para defenderlo sin ser ignoradas por los gobiernos o las empresas.
Se basa sobre tres pilares fundamentales. El acuerdo obliga a los países firmantes (como Uruguay) a garantizar tres derechos básicos a sus ciudadanos:
– Acceso a la Información: El gobierno debe entregar información clara, oportuna y veraz sobre cualquier proyecto que afecte el ambiente. No pueden ocultar datos sobre impactos o riesgos (como el caso de la posible inundación de Pueblo Bolivar).
– Participación Pública: La gente tiene derecho a opinar antes de que se tomen las decisiones, no cuando ya está todo firmado. Las consultas deben ser reales y vinculantes, no solo una formalidad.
– Acceso a la Justicia: Si los dos puntos anteriores no se cumplen, o si hay daño ambiental, los ciudadanos deben tener mecanismos fáciles y seguros para denunciar y frenar las obras ante tribunales.
SU INCIDENCIA EN EL CASO DE CASUPÁ
Uruguay fue uno de los primeros países en ratificar este acuerdo (mediante la Ley N° 19.773 en 2019), lo que significa que es Ley nacional vigente.
Según lo conversado en la entrevista con el Dr. Lorenzo, el Estado uruguayo podría estar violando este acuerdo en varios puntos:
– Falta de Información: Los vecinos de Pueblo Bolívar no han sido informados oficialmente de que su pueblo podría desaparecer en 30 minutos ante una rotura.
– Falta de participación: Se maneja la obra como en el ámbito político sin que la comunidad de Casupá haya participado en el diseño o la decisión.
– Defensores Ambientales: El acuerdo también es el primero en el mundo que obliga a proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, evitando que sean amenazados o perseguidos por oponerse a una obra.
El Dr. Juan Carlos Lorenzo cita este acuerdo porque es la herramienta legal más potente que tienen hoy los vecinos para exigir que el gobierno detenga la maquinaria hasta que no se cumplan todos los pasos de información y consulta real.