Pablo Melgar
La eventual aplicación del IMESI a insumos agropecuarios no es una medida menor. Es un error de
concepto y de rumbo que tendría consecuencias graves sobre la productividad nacional. El campo
uruguayo no resiste más cargas.
Hoy, el costo de implantar verdeos y praderas es ya demasiado alto. El productor lo siente en cada factura:
semillas, maquinaria, gasoil y, especialmente, fertilizantes. Basta recordar que con la guerra de Rusia
contra Ucrania la urea se disparó un 400 %, y aunque el precio retrocedió, nunca volvió a niveles previos
al conflicto. La recuperación del bolsillo del productor nunca llegó.
En este escenario, sumar un impuesto sería ponerle una piedra más a la mochila del sector que más aporta
al país.
El agro es el motor de la economía nacional, el que genera divisas, empleo y arraigo en el interior.
Castigarlo con más tributos es, sencillamente, dispararse en el pie.
Los productores del campo no pueden especular. No están en condiciones de cambiar de rubro porque a
algún iluminado se le ocurre ponerle algún impuesto nuevo o agrandar lo que hay.
Lo más preocupante es que la iniciativa surge desde el Ministerio de Ambiente, encabezado por Edgardo
Ortuño.
El mismo ministro que pretende inundar Casupá por un capricho político, sin medir las consecuencias
para la gente y la producción. Evidentemente, no se siente consustanciado con el campo ni con su gente.
En lugar de construir puentes con quienes producen y sostienen al país, se dedica a levantar muros que
entorpecen su trabajo.
El aspecto político es aún más delicado: ¿cómo explicar que un gobierno que se declara comprometido
con la competitividad y el desarrollo pretenda encarecer los insumos básicos para producir? ¿Qué mensaje
se le da al pequeño y mediano productor, al que vive pendiente de cada dólar invertido en mejorar su
suelo y su ganado? ¿Cómo se le pide confianza a un sector si cada decisión oficial se traduce en más
costos?
La advertencia es clara: si se concreta esta medida, el país perderá productividad, se frenará la inversión y
se resentirá la competitividad internacional del agro uruguayo. Y lo que empieza en el campo se termina
sintiendo en toda la economía.
El gobierno y el Parlamento tienen la responsabilidad de frenar esta iniciativa. No se trata de un reclamo
sectorial, sino de la defensa de un interés nacional. Cargar con más impuestos a quienes producen es
condenar al país a retroceder. El agro no pide privilegios: pide reglas claras y un Estado que entienda que
sin producción no hay futuro.
Y un mensaje final, directo: el ministro Edgardo Ortuño debería recordar que el Uruguay productivo no se
gobierna desde un escritorio en Montevideo. El interior merece respeto. Si no entiende al campo, que al
menos no lo castigue.