“El uniforme no ataja las piñas”, repetía un curtido sargento de la Policía de Lavalleja al formar a los futuros agentes. No era una frase pintoresca, sino una advertencia nacida de haber visto demasiado: las normas existen, pero no detienen los golpes. Esa lógica cruda, válida en la calle, se replica en el tablero internacional, donde los principios y el derecho suelen ceder ante la fuerza y las decisiones de los poderosos. En la realpolitik, la ley protege solo a veces; la realidad, siempre.
La reciente escalada verbal y militar impulsada por Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro volvió a exponer una incomodidad persistente en buena parte del sistema político uruguayo -y, en general, en las democracias pequeñas-: la distancia entre el diagnóstico político, la declaración de principios y las consecuencias reales de los hechos.
Conviene precisar un punto clave. El consenso para calificar al gobierno venezolano como una dictadura no fue inmediato ni unánime. Durante años hubo ambigüedades, matices y silencios. Recién se consolidó una mayoría significativa cuando Maduro desconoció abiertamente el triunfo electoral de la oposición. Fue ese quiebre explícito del mecanismo mínimo de legitimidad democrática el que terminó de cerrar la discusión para muchos actores que hasta entonces preferían otras categorías.
A partir de allí, el diagnóstico pareció claro: Maduro debía irse. Pero el acuerdo se volvió frágil -cuando no inexistente- al pasar del juicio político a la pregunta decisiva: cómo. Se rechaza la invasión de un país a otro, se condena el uso de la fuerza y se invoca el derecho internacional. Todo atendible. Lo que no aparece es una alternativa plausible. Si un gobernante se sostiene por la fuerza, controla las armas y desconoce el resultado electoral, ¿qué mecanismo real existe para removerlo sin recurrir, directa o indirectamente, a la coerción?
La apelación al derecho internacional, a la presión diplomática o a negociaciones indefinidas ha mostrado límites evidentes. Venezuela atravesó años de sanciones, condenas multilaterales, aislamientos regionales y mediaciones bien intencionadas sin que el régimen cediera lo esencial. Sobrevivió porque conservó el monopolio de la fuerza y porque aprendió a administrar -con apoyos externos- el costo político y social de su propia permanencia.
En ese marco, la reacción casi automática de condenar la intervención sin ofrecer un curso de acción alternativo revela más una necesidad de coherencia moral que una lectura realista del conflicto. Nadie en Uruguay desea legitimar la ley del más fuerte. Pero ignorar que esa ley opera cuando fallan las instituciones no la neutraliza; apenas la vuelve invisible en el discurso.
La política exterior uruguaya tiene una tradición respetable de apego al derecho internacional. El problema surge cuando ese apego se convierte en un refugio retórico, desvinculado de los resultados. Las declaraciones ordenan el relato, pero no modifican el desenlace.
La advertencia del viejo sargento sigue vigente. El uniforme cumple una función. También las normas, los principios y los comunicados oficiales. Pero ninguno de ellos ataja las piñas. Confundir legitimidad con eficacia es una forma elegante de no hacerse cargo del dilema central: qué hacer cuando la realidad se impone y las opciones disponibles son todas malas.
En política internacional, como en la calle, negarlo no evita el golpe.
Pablo Melgar