Por Natalia Gorgoroso
Ingresó a la Junta Departamental un informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) que ratifica observaciones por más de 79 millones de pesos contra la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) y el Municipio de José Batlle y Ordóñez.
A través del Entrado N° 18, el Legislativo comunal tomó conocimiento de la resolución 1201-2026, un dictamen que expone una extensa serie de apartamientos a la normativa financiera vigentes en reiteraciones de gastos efectuadas entre los meses de enero y marzo del presente año.
VIOLACIONES AL TOCAF EN 2025
El desglose de las actuaciones, elaborado originalmente por las contadoras delegadas del TCR, revela que la Intendencia de Lavalleja acumuló 365 gastos observados imputados al ejercicio 2025, los cuales alcanzan la suma de 61.115.354 pesos.
El grueso de estas irregularidades responde al incumplimiento del artículo 15 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), referido a la estricta falta de disponibilidad presupuestal. Por este concepto aislado, se objetaron 268 pagos que representan una erogación de más de 57 millones de pesos.
Asimismo, el documento detalla que en 51 casos la comuna superó el límite máximo habilitado para la modalidad de compra directa, contraviniendo el artículo 33 de la misma normativa por un monto que excede el millón de pesos.
A estas faltas, se suman decenas de expedientes observados por carecer de la autorización del ordenador competente, la ejecución de pagos sin la existencia de contratos vigentes, e incluso erogaciones que combinan múltiples infracciones de forma simultánea.
VOLUMEN MAYOR EN 2026
El panorama financiero descrito para los primeros meses del ejercicio 2026 exhibe un volumen aún mayor de transacciones objetadas en términos de cantidad. En un breve lapso, se registraron 1.287 gastos irregulares por un valor total de 17.680.417 pesos.
En este tramo del informe destaca de forma notoria la recurrente contravención al artículo 86 de la Constitución de la República, norma que prohíbe la creación de cargos o el aumento de dotaciones sin la debida previsión en el presupuesto.
Bajo esta causal, el organismo de contralor observó 1.118 erogaciones que rozan los 13 millones de pesos.
Complementariamente a las infracciones constitucionales, el Tribunal detectó 55 casos en los que se liquidaron horas extras por encima del límite legal permitido por el Convenio número 30 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sumando más de 1 millón de pesos.
A esto se le añaden 72 gastos sin la firma del ordenador de turno y nuevas reiteraciones de pagos sin fondos asignados o sin respaldo contractual.
MUNICIPIO DE BATLLE Y ORDÓÑEZ
El escrutinio del organismo también abarcó la administración descentralizada del Municipio de José Batlle y Ordóñez. En este gobierno local, la auditoría observó un total de 11 gastos ejecutados por una cifra de 336.886 pesos.
De acuerdo con el expediente, estas erogaciones se distribuyen entre un pago atrasado del ejercicio 2025 y diez correspondientes a 2026.
En la totalidad de los expedientes municipales, la falta tipificada fue la violación al artículo 15 del TOCAF, evidenciando nuevamente la ejecución de compromisos económicos sin contar con el rubro presupuestal necesario.
REITERACIONES INFUNDADAS Y DICTAMEN
El fundamento central del Tribunal de Cuentas para ratificar estas más de 1.600 observaciones y rechazar la postura del Ejecutivo departamental radica en la carencia absoluta de argumentos jurídicos a la hora de forzar los pagos. La resolución subraya que las reiteraciones de gastos enviadas por la comuna no establecen los fundamentos de estas, un requisito ineludible en la administración pública.
El dictamen recuerda a las autoridades locales que el artículo 475 de la ley 17.296 obliga a los ordenadores de gastos a ejercer la facultad de insistencia de forma debidamente fundada, detallando explícitamente los motivos que justifican continuar con un pago observado.
Al no aportarse elementos nuevos que ameritaran levantar las objeciones formuladas por las contadoras delegadas Analía Ferreira, Victoria Rojas y Mara Gutiérrez, el Tribunal resolvió mantener firmes las observaciones.
La resolución, que lleva la firma del secretario general del organismo, Matías Consoni De León, fue comunicada oficialmente a la Intendencia y enviada a la Junta Departamental.