Por Yandira Castro
La edila del Partido Nacional, Dolores García Pintos, presentó ante la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) un pedido de informes dirigido a la Intendencia Departamental (IDL), en el que solicita respuestas a más de 30 interrogantes vinculadas al proyecto de la represa de Casupá.
MÁS DE UN AÑO
García Pintos explicó que desde hace más de un año sigue de cerca el desarrollo de la iniciativa y sostuvo que el momento de presentar el pedido coincide con la preocupación manifestada recientemente por distintas gremiales rurales, entre ellas la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja (SAL), la Asociación Rural de Florida y la Federación Rural.
“Vengo estudiando este proyecto muy de cerca y analizando las distintas aristas que tiene. La Intendencia de Lavalleja no puede ser ajena a este proceso porque hay muchas acciones que deberán coordinarse entre el gobierno nacional y el gobierno departamental”, señaló.
YA FUE ABORDADO
La curul recordó que el tema ya fue abordado en varias oportunidades en la Junta Departamental, donde incluso impulsó junto a otros ediles la convocatoria del ministro de Ambiente para responder consultas sobre la obra.
También indicó que ha acompañado recorridas por la zona junto a comisiones parlamentarias y mantiene contacto con técnicos y referentes vinculados al estudio del proyecto.
PARTICIPACIÓN DE LA IDL Y PLANIFICACIÓN
El pedido de informes está organizado en distintos capítulos. Uno de los principales apunta a conocer cuál ha sido la participación y coordinación institucional de la Intendencia de Lavalleja con el gobierno nacional, qué direcciones departamentales intervienen en el proyecto y qué acciones han desarrollado áreas como Ordenamiento Territorial, Obras, Ambiente y Desarrollo Agropecuario.
Asimismo, consulta si el gobierno departamental dispone de información sobre el estado de las autorizaciones necesarias para la ejecución de la represa, cuál sería su rol durante el proceso y cuál es el cronograma previsto para la obra.
IMPACTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Otro de los ejes del pedido refiere a las consecuencias ambientales que, según expresó la edila, tendría la construcción del embalse.
García Pintos sostuvo que el proyecto implicaría la inundación de aproximadamente 3.000 hectáreas de campos productivos y la tala de unas 400 hectáreas de monte nativo, por lo que considera necesario conocer las evaluaciones ambientales y las medidas previstas para mitigar esos impactos.
Entre las consultas también figura si se identificaron áreas de valor patrimonial o cultural que puedan verse afectadas y cuál será el destino del monte nativo que eventualmente deba ser removido.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
La curul nacionalista entiende que una obra de estas características requerirá una importante planificación en materia de infraestructura departamental.
En ese sentido, solicita información sobre la caminería necesaria, la coordinación con organismos como UTE para el tendido eléctrico y las acciones previstas para garantizar los servicios en la zona de influencia del proyecto.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
Dolores García Pintos también planteó interrogantes sobre el impacto económico que tendría la represa para Lavalleja. Señaló que varios padrones rurales dejarían de producir, lo que, a su entender, repercutiría tanto en la recaudación por concepto de Contribución Inmobiliaria Rural como en la actividad económica de numerosos servicios vinculados al sector agropecuario.
“Estamos hablando de campos con alto índice CONEAT, que son muy productivos. Si dejan de producir, se genera una cadena de consecuencias económicas que alcanza a transportistas, veterinarios, comercios y otros prestadores de servicios”, afirmó.
Además, manifestó su preocupación por la situación de pequeños productores familiares de la zona de Gaetán, algunos de los cuales podrían perder parte de sus predios por expropiaciones.
“Hay familias que llevan varias generaciones viviendo y produciendo allí. En algunos casos se expropia la parte más productiva del campo y queda el resto con menores posibilidades de explotación. También hay un impacto social que debe ser considerado”, expresó.
La edila indicó que espera que la Intendencia responda el pedido de informes para conocer en detalle la planificación departamental y las acciones previstas frente a un proyecto que, a su juicio, tendrá efectos ambientales, productivos, económicos y sociales para Lavalleja.