Cada cierto tiempo aparece una iniciativa presentada como la solución definitiva para reconciliar a la ciudadanía con sus representantes. Ahora le tocó el turno a la dedicación exclusiva para legisladores, una propuesta que pretende mejorar la imagen pública del Parlamento bajo la premisa de que un senador o diputado será mejor visto si no ejerce ninguna otra actividad profesional.
El planteo es tan atractivo en lo superficial como inconsistente en lo técnico y peligroso en lo político.
La idea nace de un diagnóstico equivocado. La crisis de confianza en la política no se explica porque un legislador sea médico, abogado, productor rural o empresario mientras ocupa su banca. La desconfianza surge cuando el sistema político parece desconectado de los problemas reales, cuando las respuestas son pobres y cuando la gestión pública no ofrece resultados.
Ningún ciudadano cambia automáticamente su opinión sobre un parlamentario porque firme una exclusividad laboral. Mucho menos cuando la experiencia demuestra que la dedicación total no garantiza ni capacidad, ni honestidad, ni eficacia.
La exclusividad puede producir exactamente lo contrario de lo que promete.
El Parlamento podría llenarse de dirigentes profesionalizados exclusivamente en la lógica política, sin vínculo con el ejercicio concreto de actividades productivas o profesionales. También podría generar una consecuencia todavía más incómoda: legisladores full time incapaces o corruptos.
El problema nunca fue la cantidad de horas disponibles sino la calidad del trabajo político.
Pero además existe una contradicción difícil de ignorar. La propuesta, impulsada desde sectores del MPP, choca de frente con la realidad de algunos gobiernos departamentales del propio oficialismo.
El caso del intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, es paradigmático dado que ejerce como médico cirujano además de desempeñarse como intendente. Y el artículo 267 de la Constitución establece para ser intendente prácticamente las mismas condiciones exigidas que para ser senador.
Si el criterio moral y político es que un representante público debe tener dedicación exclusiva para legitimarse ante la ciudadanía, entonces la lógica también alcanzaría a las intendencias.
Allí aparece el absurdo político.
Según desde dónde se mire, unos terminan negando la legitimidad del modelo de gestión de los otros. Si Ximénez defiende la compatibilidad entre función pública y actividad profesional, inevitablemente queda enfrentado a la tesis de la exclusividad parlamentaria.
Si el diputado Javier Umpiérrez respalda el proyecto de su sector, entonces implícitamente cuestiona la situación de dirigentes de su propia fuerza política que sostienen un esquema distinto.
La discusión adquiere niveles de dramatismo que ni las antiguas telenovelas latinoamericanas hubieran imaginado.
El problema de fondo es otro: la política empieza a enamorarse de medidas efectistas diseñadas para producir impacto comunicacional inmediato.
La dedicación exclusiva suena bien en un titular, transmite austeridad republicana y parece conectar con el enojo ciudadano hacia la clase política. Pero gobernar no consiste en fabricar símbolos tranquilizadores. Consiste en construir normas racionales, coherentes y útiles.
En Uruguay existe una larga tradición de legisladores que enriquecieron el debate parlamentario precisamente porque mantuvieron actividad profesional o productiva paralela. El vínculo con el mundo real suele aportar más calidad institucional que el encierro permanente dentro de la lógica partidaria.
Convertir al Parlamento en una estructura exclusivamente habitada por políticos profesionales no necesariamente mejora la democracia; podría empobrecerla.
La ciudadanía reclama mejores legisladores, no legisladores exclusivos. Reclama seriedad, preparación, honestidad y resultados. Y sobre todo reclama coherencia. Porque nada deteriora más la imagen pública de la política que impulsar normas demagógicas que terminan chocando contra la realidad de los propios gobiernos que las promueven.
Pablo Melgar