Oficialismo y oposición marcaron posturas, pero al final lo que votaron fue por unanimidad
Por Natalia Gorgoroso
La primera sesión ordinaria del año en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) dejó de lado la calma protocolar para convertirse en el primer gran pulso político del 2026. La bancada del Partido Nacional, hoy en la oposición, lanzó una ofensiva coordinada contra la administración del intendente Daniel Ximénez (Frente Amplio), utilizando la crisis de los taxistas y un confuso error legislativo como punta de lanza para cuestionar el “estilo de gobierno” del oficialismo.
La sesión, marcada por un clima denso y la presencia de dueños y trabajadores del taxi detrás de las barras, expuso dos visiones de departamento contrapuestas: una oposición que denuncia soberbia, “puertas cerradas” y desconexión con la realidad, y un oficialismo frenteamplista que llama a la responsabilidad institucional, intentando recordar las “herencias” de gestiones pasadas para defenderse del ataque.
LOS NÚMEROS DE LA CRISIS
El debate no fue abstracto. Los ediles del Partido Nacional lideraron los reclamos basándose en los dramáticos testimonios de la Comisión de Recepción de la JDL. La crítica central fue la negativa del intendente y su equipo a recibir a los trabajadores afectados por una competencia desleal que los está fundiendo.
Se expuso en sala que los 27 permisarios legales de taxi de Minas compiten contra una “flota paralela” de entre 60 y 70 vehículos irregulares (“taxis truchos”). La ecuación económica es ruinosa: mientras los ilegales se coordinan por WhatsApp para evadir inspectores, los legales afrontan costos fijos de $ 1.200 diarios solo por tener el auto parado, además de seguros anuales que rondan los $ 100.000 y costos de mantenimiento que se disparan a $ 45.000 mensuales.
LA OPOSICIÓN
Carol Aviaga (Partido Nacional) acusó al gobierno comunal frenteamplista de haber cortado los puentes de diálogo con la sociedad civil. “Es una pena que últimamente para la gente que quiera hablar con el intendente tenga que sacar un número en CAMDEL”, dijo Aviaga, exigiendo “más humildad” y transparencia al Ejecutivo.
Aviaga remarcó que, históricamente, los intendentes de cualquier color político recibían a los gremios antes de tomar medidas de impacto, una tradición republicana que, según ella, esta administración ha roto unilateralmente.
Gastón Elola (PN) expuso lo que la oposición califica como una desprolijidad administrativa grave del oficialismo. Denunció que el Ejecutivo envió un proyecto con una redacción tan confusa que llevó a la Junta a votar, a las 3:30 de la madrugada en una sesión del año pasado, “matrículas” nuevas creyendo que eran simples “paradas” físicas. “Está mal redactado: una cosa es una parada y otra cosa es una matrícula”, disparó Elola. El edil advirtió que la medida de la Intendencia amenaza con saturar un mercado ya golpeado, inyectando más oferta sin un estudio técnico que lo avale.
María Noel Pereira (PN) cuestionó la eficacia y la voluntad política de los controles de la Intendencia. “¿Dónde está esa denuncia? ¿Qué trámite se le dio?”, inquirió con vehemencia respecto a los expedientes presentados por los taxistas, que incluían fotos y teléfonos de los infractores, sugiriendo una inacción deliberada o incompetencia por parte de la Dirección de Tránsito de la comuna.
EL OFICIALISMO
La bancada del Frente Amplio cerró filas para defender la institucionalidad y amortiguar el golpe político, aunque sin desconocer la legitimidad del reclamo laboral.
Joaquín López (FA) intentó desactivar la ofensiva opositora pidiendo “no sacar tajada política” de la desgracia de los trabajadores. López recordó a la oposición que el problema de la informalidad y la falta de respuestas viene “de hace años” (aludiendo a gobiernos blancos anteriores que tampoco lograron erradicar a los “piratas”) y que la responsabilidad de la votación confusa fue de todo el cuerpo Legislativo, no solo del oficialismo.
Por su parte, los ediles Ezequiel Larrea y Miguel Sanz, enfocaron su intervención en la defensa de los derechos laborales y la seguridad de los usuarios, advirtiendo sobre la falta de libretas profesionales en los choferes ilegales, evitando la confrontación directa con el Ejecutivo pero apoyando la apertura de un canal de diálogo.
ALTA TENSIÓN EN SALA
El momento de mayor voltaje político de la noche se produjo cuando Mauro Álvarez (FA), decidió bajar de la presidencia de la Junta a su banca para debatir como un edil más.
Álvarez salió al cruce de las críticas intentando contrastar la gestión actual con la anterior. “Lo primero que quiero desmentir es que la Comisión de Tránsito (de la Junta) haya funcionado adecuadamente en los años anteriores”, lanzó, asegurando que bajo el gobierno del Partido Nacional dicha comisión estuvo tres años sin reunirse, mientras que la actual gestión frenteamplista ha sido mucho más activa en solo seis meses.
El uso de la palabra “desmentir” encendió la mecha en la bancada opositora. Carol Aviaga pidió la palabra nuevamente para confrontar directamente la retórica del oficialismo. La edil rechazó que el Frente Amplio se adjudicara la potestad de la verdad.
“Usted bajó acá y dice ‘voy a desmentir’. Acá nadie está mintiendo para que usted tenga que desmentir nada”, espetó Aviaga, visiblemente molesta. “Acá lo que se está es aportando una visión diferente a la suya o a la del intendente”, agregó.
Aviaga fue más allá y respondió a la acusación velada de oportunismo que sobrevolaba la sala. Dijo que “no se está haciendo un uso político, se está ejerciendo una responsabilidad política”. Con esta frase, la edil definió la postura de su partido: “escuchar a los vecinos que el gobierno ignora no es demagogia, sino la función esencial” de la oposición.
INTERNAS DEL PN
El debate también dejó al descubierto las fracturas que provoca la falta de información clara. El edil Gastón Elola tuvo la honestidad de revelar un error interno: confesó que durante aquella votación de madrugada, consultó a su compañera de bancada, la edil Ana Laura Nis (PN), si lo que se votaba eran paradas. Ella confirmó afirmativamente, induciendo al error en la bancada opositora, basándose en el texto enviado por el Ejecutivo.
Este reconocimiento sirvió de argumento final para que la oposición exigiera al intendente que “revea” la redacción y aclare si su intención real es licitar nuevas chapas, algo a lo que el Partido Nacional se opone terminantemente dadas las condiciones económicas actuales.
UN RESULTADO UNÁNIME
Finalmente, la presión de la oposición y la contundencia de la realidad expuesta por los trabajadores lograron un consenso. La Junta votó por unanimidad (26 votos en 26 ediles en sala) una moción que exige tres puntos clave al intendente Daniel Ximénez:
– Que reciba de inmediato a la patronal del taxi.
– Que aclare el alcance técnico de su proyecto (¿son paradas o son matrículas nuevas?).
– Que informe qué pasó con las denuncias “cajoneadas” contra los ilegales.
El mensaje político fue doble y contundente: por un lado, el Partido Nacional dejó claro que no le dará tregua al Ejecutivo, fiscalizando cada “error de redacción” y cada puerta cerrada en la Intendencia.
Por otro, el Frente Amplio dio una señal de autonomía: lejos de actuar como un “escudo” automático de la gestión, la bancada oficialista ejerció su rol de contralor, sumándose al reclamo de transparencia y exigiéndole a su propio intendente las mismas respuestas que reclaman los trabajadores.