Por Pablo Melgar
La Comisión de Vecinos de las costas del Arroyo Casupá salió al cruce de las declaraciones del alcalde del Municipio casupense, Luis Oliva (ver SERRANO del 23-4-2026, página 3), y planteó un conjunto de objeciones al proyecto de la represa que impulsa el gobierno como solución para el abastecimiento de agua potable del área metropolitana.
EN BASE A DOCUMENTOS OFICIALES
En una respuesta pública, los vecinos -que afirman estar recibiendo notificaciones de expropiación- sostienen que sus cuestionamientos no son de carácter político sino que se apoyan en documentación oficial: el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por OSE y registros del Observatorio Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente.
El punto de partida de la discrepancia no es la necesidad de reforzar el suministro de agua para Montevideo y su zona de influencia, que los vecinos reconocen, sino la pertinencia de la solución elegida. “Una obra de esta magnitud debe ser eficaz, segura y responsable, sin trasladar al interior costos sociales, productivos y ambientales permanentes”, señalan.
COSTO REAL Y FINANCIAMIENTO
Uno de los ejes del cuestionamiento refiere al financiamiento. El proyecto se presenta con un préstamo de la CAF por US$ 130 millones a 18 años, pero -según los vecinos- ese monto no contempla una serie de costos indirectos: nueva caminería, puentes, tendidos eléctricos, relocalizaciones y otras obras de infraestructura complementaria que deberían ser absorbidas por distintos organismos públicos.
También advierten sobre la falta de información pública respecto a las condiciones ambientales asociadas a este tipo de financiamiento internacional, que suelen incluir exigencias específicas.
CAMBIOS EN EL ESCENARIO
Los firmantes subrayan que desde la concepción original del proyecto se produjeron cambios relevantes que, a su juicio, ameritan una revisión técnica. Entre ellos mencionan la expansión de la forestación en la cuenca -unas 10.000 hectáreas adicionales-, eventos sísmicos registrados en la zona desde 2020 y el impacto de la sequía de 2022 y 2023, que alteró los supuestos hidrológicos iniciales.
En ese contexto, consideran “difícil de comprender” que se mantenga sin revisión la declaración de interés departamental y que las críticas sean desestimadas como “capricho político”.
IMPACTOS LOCALES
El documento detalla una serie de efectos previstos en el propio Estudio de Impacto Ambiental:
– Vivienda y dinámica urbana: el personal de obra -estimado en un pico de 750 trabajadores- sería alojado en instalaciones temporales dentro del predio, lo que limitaría el impacto sobre el mercado inmobiliario local.
– Salud: se prevé un servicio sanitario propio en la obra para evitar presión sobre el sistema local; casos complejos serían derivados a Minas.
– Empleo: la incidencia laboral local sería acotada (entre 10 y 20 puestos), con predominio de personal externo y riesgos asociados como el abandono de estudios por trabajos temporales.
– Infraestructura vial: aumento del tránsito pesado, deterioro de rutas y caminos vecinales, y posibles interrupciones hasta la construcción de alternativas.
– Uso recreativo: el embalse tendría acceso restringido, con prohibiciones para pesca, baño o navegación deportiva.
– Ambiente: afectación irreversible de flora y fauna en un área considerada de alto valor de conservación, además de cambios en la calidad del agua y el régimen hídrico.
– Producción rural: impacto directo sobre pequeños y medianos productores, con pérdida de tierras y recursos productivos en una región de peso en el PBI agropecuario.
– Riesgo aguas abajo: localidades como Pueblo Bolívar, Fray Marcos y San Ramón enfrentarían riesgos de inundación en escenarios de falla estructural, aspecto que -según los vecinos- no está plenamente contemplado bajo estándares internacionales.
DEBATE DE FONDO
La respuesta también alude a declaraciones del alcalde Oliva, quien llamó a evitar la confrontación y a asumir el proyecto como un proceso colectivo. Los vecinos coinciden en la necesidad de un abordaje no partidario, pero insisten en que eso exige revisar la iniciativa.
A su entender, el problema de fondo no es la obra en sí, sino la ausencia de estudios actualizados que incorporen las nuevas condiciones ambientales y productivas. Alertan que la incertidumbre sobre el régimen de lluvias podría derivar en una inversión de alto costo sin garantías de asegurar el abastecimiento en escenarios de sequía prolongada.
PLANTEO FINAL
La Comisión vecinal concluye que la magnitud de la decisión requiere mayor rigor técnico y transparencia. “La solución al abastecimiento hídrico debe basarse en evidencia sólida y buenas prácticas”, señalan, y advierten sobre el riesgo de avanzar en un proyecto que, en sus términos, podría traducirse en “resultados inciertos”.
El posicionamiento surge luego de que el alcalde del Municipio de Casupá diera por descontada la concreción de la represa y exhortara a la comunidad a prepararse para ese escenario, lo que terminó de activar la respuesta organizada de los vecinos.