La Comisión de Recepción de la Junta Departamental de Lavalleja fijó una reunión clave para el pasado jueves 19 de febrero a las 17:00 horas con representantes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM).
El encuentro tuvo como eje central el profundo malestar del gremio ante el proyecto de presupuesto quinquenal remitido por el Ejecutivo departamental, el cual consideran un avance contra los derechos laborales y la carrera funcional.
Según un extenso documento elaborado por ADEOM y presentado ante la Junta, los trabajadores exigen la eliminación o modificación de múltiples artículos que, aseguran, concentran un poder desmedido en la figura del Intendente, precarizan el empleo y desprotegen al funcionario en situaciones de vulnerabilidad sanitaria.
Uno de los focos de mayor conflicto es el Artículo 15 del Presupuesto, que aborda las reestructuras organizativas. El proyecto del Ejecutivo establece que si la Junta Departamental no se expide en un plazo de 30 días sobre estos cambios, se darán por aprobados de forma ficta.
ADEOM tildó esta medida de «absolutismo administrativo», advirtiendo que busca doblegar la voluntad del Legislativo y del propio sindicato, violando incluso plazos constitucionales.
En materia salarial, el gremio apuntó contra el Artículo 20, que faculta al Intendente a reorganizar unilateralmente las remuneraciones. Según ADEOM, esto abre la puerta a la «arbitrariedad en los ajustes», permitiendo la eliminación masiva de compensaciones y vulnerando el diálogo institucional al evitar la negociación colectiva.
El sindicato también denunció un intento de flexibilizar los ingresos a la función pública. Los Artículos 16, 17 y 18 son cuestionados por habilitar contrataciones discrecionales y excepcionales, sustituyendo el régimen general de concursos públicos por mecanismos «laxos» que no aseguran la igualdad de oportunidades ni la transparencia.
A esto se suma la polémica por los Artículos 56 al 60, que crean nuevos cargos contratados en escalafones obreros con salarios «sustancialmente inferiores» a los previstos para las mismas jerarquías actuales.
Para ADEOM, esto institucionaliza trabajadores «de primera y de segunda categoría», violentando el principio básico de «a igual tarea, igual remuneración».
El golpe a la estructura municipal, advierte el gremio, llegaría de la mano del Artículo 64, que prevé la eliminación de 135 vacantes, en su enorme mayoría correspondientes a trabajadores obreros y de oficios.
La directiva sindical fue tajante: «las políticas de recorte del gasto, históricamente han recaído de forma exclusiva sobre los trabajadores, sin verificarse con igual rigor en otras áreas de la estructura institucional, especialmente en los cargos de confianza». Alertaron que esta reducción de personal sobrecargará a los funcionarios restantes y deteriorará los servicios a la población.
Otro punto de profundo rechazo es la redacción propuesta para el Artículo 84, referente a las licencias médicas. Si bien ADEOM reconoce mejoras en la normativa vigente, se opone rotundamente a que se decrete la cesantía automática de un funcionario cuando una Junta Médica determine su inaptitud física o mental permanente.
El gremio exige que el cese de funciones ocurra únicamente cuando el Banco de Previsión Social (BPS) defina la fecha efectiva de baja y lo ampare con una jubilación por incapacidad. Según el documento, el sindicato ya había solicitado esta modificación al Ejecutivo, pero fue ignorada en el texto enviado a la Junta.
Calificaron la cesantía automática como una medida «particularmente cruel», ya que sustituye la protección por la desvinculación, privando al trabajador de su sustento económico y cobertura de salud en medio de una situación crítica.
Ante este panorama, la postura de ADEOM frente a los ediles es unánime: solicitan la eliminación o modificación de estos artículos para frenar lo que consideran un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos y laborales.