Pablo Melgar
La declaración conjunta sobre Venezuela firmada el 4 de enero por Brasil, Chile, Colombia, México, España y Uruguay deja una sensación incómoda. No por el contenido literal del comunicado —que apela al respeto del derecho internacional, a la solución pacífica de los conflictos y al rechazo del uso unilateral de la fuerza— sino por lo que implica políticamente para Uruguay y por el momento en que se produce.
En términos diplomáticos, su firma resulta difícil de explicar y todavía más difícil de justificar.
El texto expresa “profunda preocupación y rechazo” frente a acciones militares unilaterales en territorio venezolano, advierte sobre el riesgo para la paz regional y la población civil, reivindica el diálogo y la negociación sin injerencias externas y reafirma a América Latina y el Caribe como “zona de paz”. Todo eso, tomado aisladamente, podría encajar en la tradición diplomática uruguaya. El problema no está en las palabras, sino en el encuadre, los socios y el contexto.
Uruguay aparece alineado, sin matices visibles, con un grupo de gobiernos cuyas posiciones políticas e intereses estratégicos se ubican en las antípodas de Estados Unidos, justo en un momento de máxima tensión internacional tras los últimos acontecimientos.
No es una toma de posición menor ni inocua. Tampoco es coherente con el tono prudente y el esfuerzo de recomposición de vínculos que el propio presidente Yamandú Orsi venía desplegando en el inicio de su gestión, apostando a una diplomacia de equilibrios, diálogo transversal y bajo perfil.
El comunicado suena, además, anacrónico. Tiene algo de documento de otra época, cuando la región se pensaba a sí misma en clave de bloques ideológicos y comunicados colectivos, más preocupados por marcar pertenencias que por administrar intereses concretos. Uruguay, históricamente, ha intentado evitar ese reflejo. Su política exterior ha sido valorada precisamente por sostener principios —derecho internacional, multilateralismo, solución pacífica de controversias— sin quedar atrapada en alineamientos automáticos ni discursos binarios.
Aquí ocurre lo contrario. La declaración se parece más a una pieza de retórica geopolítica que a una expresión de política exterior pragmática y autónoma. No aporta una vía concreta para destrabar la crisis venezolana, no suma capacidad de mediación real y, en cambio, expone al país a costos diplomáticos innecesarios. Entre ellos, el de erosionar el clima de confianza que el propio Orsi había empezado a construir con distintos actores internacionales.
Hay, además, un problema de señal interna. Este tipo de episodios suele ser el síntoma de algo más profundo: líneas políticas que no terminan de dialogar entre sí, impulsos ideológicos que se cuelan en decisiones estratégicas y una falta de coordinación que debilita la credibilidad del país. Cuando la política exterior pierde coherencia, el país pierde peso. Y recuperar ese capital no es sencillo.
Uruguay no necesita sobreactuar pertenencias ni emitir comunicados que parecen escritos para otros escenarios. Necesita claridad, consistencia y una lectura fina del mundo que le toca habitar. Firmar esta declaración, en estas condiciones, fue una salida de tono. Incomprensible. Y, sobre todo, evitable.