Por Yandira Castro
La incertidumbre sobre el futuro de la industria cervecera en Uruguay continúa en aumento. Este miércoles 1º de julio se desarrolló en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una nueva instancia de negociación entre la multinacional AmBev – Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC – AB InBev) y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), en una reunión que dejó más interrogantes que certezas. Como se recordará, la firma resolvió el envío al seguro de paro de todos los trabajadores de la planta de Minas.
SIN AUTORIDADES DEL GOBIERNO
En diálogo con SERRANO, el presidente del Sindicato de FNC, Bruno Pastorino, calificó la situación como “muy compleja” y expresó su preocupación por la ausencia de autoridades políticas del gobierno en la mesa de negociación, ya que únicamente participaron las negociadoras técnicas del MTSS.
“Nos vamos con un saldo negativo respecto a la parte del gobierno porque no tuvimos la presencia de ninguna autoridad. Las compañeras negociadoras hicieron todo lo que estaba a su alcance, que era mediar entre las partes, pero lo que estamos buscando de fondo es un análisis de la industria nacional. Esto va mucho más allá de una negociación puntual con la empresa”, señaló.
LA EMPRESA PRESENTÓ SUS NÚMEROS
Pastorino explicó que FNC S.A. accedió al pedido realizado por el sindicato y presentó un informe detallado sobre la situación del negocio, incluyendo datos de competitividad tanto de la producción nacional como del mercado regional.
Según indicó, la multinacional sostiene que producir cerveza en Uruguay resulta considerablemente más costoso que importar el producto desde otros países.
“La empresa puso arriba de la mesa todos los números. Plantea que la cerveza importada es más barata que la producción nacional y, además, que quienes distribuyen esa cerveza importada tienen costos laborales menores porque están comprendidos en otro grupo de los Consejos de Salarios. Eso hace que, según la empresa, no compitan bajo las mismas reglas”, explicó.
De acuerdo al dirigente sindical, FNC argumenta que sufre un doble perjuicio: por un lado, la competencia de productos importados de menor costo y, por otro, los mayores costos de distribución que enfrenta respecto a los importadores.
MANTENER O ABANDONAR LA PRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más delicados surgidos durante la reunión fue la confirmación de que AmBev (multinacional brasileña integrante fundamental de AB InBev) evaluará durante este mes la continuidad de la producción industrial en Uruguay.
Pastorino señaló que la empresa comunicó que mantendrá reuniones con los ministerios de Trabajo, de Industria y de Economía para definir el rumbo del negocio.
“Nos dijeron claramente que durante este mes van a evaluar si continúa la industria nacional o no. La otra posibilidad es transformarse en una empresa importadora, como ya hacen algunos competidores”, afirmó.
Aunque la empresa no habló explícitamente de pérdida de puestos laborales, el presidente del sindicato entiende que un cambio de modelo tendría consecuencias directas para los trabajadores y en particular para la planta de Minas.
“No lo dicen en esos términos, pero cuando hablan de igualar las reglas de juego con los competidores, eso para nosotros implica una reducción importante de la estructura laboral y de las condiciones salariales”, advirtió.
RESPUESTA PREVISTA PARA EL 16 DE JULIO
El sindicato reclamó que la definición no se prolongue y solicitó una respuesta urgente. Como resultado de la negociación, la empresa informó que espera contar con una resolución para el próximo 16 de julio, una fecha considerada clave para los más de mil trabajadores afiliados a la FOEB.
“Esa respuesta va a englobar todo el negocio: si continúa la industria nacional, si no continúa y cuál será el esquema de distribución. Estamos hablando de una definición que involucra a más de mil afiliados en todo el país”, sostuvo Pastorino.
BUSCARÁN REUNIONES CON EL GOBIERNO
Mientras la empresa negocia directamente con distintos ministerios, los trabajadores no participarán de esas instancias. Sin embargo, el sindicato anunció que intentará mantener reuniones con las autoridades para conocer de primera mano el contenido de esas conversaciones.
“Vamos a golpear la puerta de cada uno de los ministerios porque lo que está en juego es nuestra fuente laboral. Nosotros también queremos aportar alternativas para defender la industria nacional, pero para eso necesitamos estar informados y participar de la discusión”, manifestó el dirigente.
Pastorino insistió en que cualquier medida que pueda surgir de las conversaciones entre la empresa y el gobierno debe contemplar la preservación del empleo.
RECLAMO HISTÓRICO DE LA EMPRESA
Consultado sobre los argumentos que maneja AmBev, el dirigente recordó que la multinacional mantiene desde hace años cuestionamientos al régimen tributario, especialmente al IMESI.
“Es un reclamo histórico. Ellos sostienen que pagan el IMESI sobre un valor ficto que está aproximadamente un 33% por encima del valor real. Ese planteo vuelve a aparecer ahora y forma parte de las conversaciones que están teniendo con el gobierno”, explicó.
No obstante, lamentó que los trabajadores vuelvan a quedar en medio de esa discusión. “Una vez más los trabajadores somos rehenes de esta situación. Se discuten costos e impuestos, pero quienes terminamos pagando las consecuencias somos nosotros”, remarcó.
REUNIONES Y RECORRIDAS
Mientras esperan la respuesta empresarial, la FOEB continuará desarrollando gestiones políticas e institucionales. Pastorino confirmó que hoy jueves mantendrán una reunión con el intendente de Lavalleja para abordar la situación generada por el envío al seguro de paro de 59 trabajadores de la planta de Minas, una medida que ya comienza a impactar en la economía departamental.
Además, el sindicato procura concretar un encuentro con la vicepresidenta de la República durante la próxima semana y solicitará entrevistas con los ministerios involucrados.
En paralelo, la organización iniciará una recorrida por distintos departamentos para informar personalmente a sus afiliados sobre el estado de las negociaciones.
El dirigente explicó que existe una cláusula de paz laboral de 45 días que impide tanto la adopción inmediata de medidas sindicales como la implementación unilateral de cambios por parte de la empresa. No obstante, aclaró que las asambleas informativas no están comprendidas dentro de esa restricción.
“Lo dejamos expresamente comunicado en el Ministerio porque vamos a recorrer el país reuniéndonos con nuestros afiliados. Eso puede afectar parcialmente la distribución, pero queremos evitar cualquier interpretación de que estamos incumpliendo la cláusula de buena fe”, concluyó.