La creación del cargo de prosecretario en la Intendencia Departamental de Lavalleja ya superó la instancia política clave: cuenta con la aprobación de la Junta. A partir de ahora, el expediente recorrerá los carriles institucionales previsibles -el control del Tribunal de Cuentas y eventualmente la órbita de la Suprema Corte de Justicia- donde se evaluará su ajuste jurídico.
Pero lo sustantivo, lo que atañe a la oportunidad y a la legitimidad política de la decisión, ya quedó resuelto en el ámbito deliberativo. Y es precisamente ahí donde persisten las dudas.
La pregunta central -¿para qué?- no ha encontrado una respuesta convincente. El argumento esgrimido por la administración del intendente Daniel Ximénez resulta, en el mejor de los casos, insuficiente: “hay mucho trabajo”. La afirmación, lejos de despejar interrogantes, los profundiza. La gestión pública, por definición, opera bajo presión de demandas crecientes. No es un fenómeno novedoso ni excepcional.
Si el volumen de trabajo justificara por sí solo la creación de cargos de alta jerarquía, la estructura estatal tendería a expandirse sin límite, desdibujando cualquier criterio de eficiencia.
Más aún: la propia historia reciente de la Intendencia demuestra que esa carga laboral fue absorbida -con aciertos y errores, pero sin este cargo- por la estructura existente. La creación de un nuevo escalón en la cúspide administrativa debería, por tanto, estar respaldada por una redefinición clara de funciones, objetivos medibles y un impacto verificable en la gestión. Nada de eso ha sido explicitado con precisión.
En paralelo, el debate se ha contaminado con versiones que circulan con insistencia en los ámbitos políticos locales.
Los nombres de Eduardo Yocco y de Mauro Álvarez aparecen asociados a la eventual designación. No se trata aquí de validar rumores, sino de señalar un problema clásico: cuando los fundamentos técnicos son débiles, el espacio se llena con interpretaciones políticas. La opacidad alimenta la sospecha.
A esa fragilidad argumental se sumó un elemento de gestión que no es menor: la ausencia de voceros en un momento clave.
El propio intendente no estuvo disponible para explicar la iniciativa, y el área de Comunicación tampoco cumplió ese rol. Pero en este punto el problema adquiere una dimensión adicional: no se trata solo de una ausencia circunstancial, sino de una señal de desorden en la gestión comunicacional.
El director de Comunicación -quien debería ser el encargado natural de articular la relación entre el gobierno departamental y la opinión pública- tampoco estuvo en Minas durante una jornada clave. Según pudo saberse, se encontraba en Montevideo presentándose como relator del Mundial para Canal 5.
La situación rozó lo insólito: dentro de la propia Intendencia no se tenía claridad sobre su paradero hasta que su aparición en televisión y redes sociales disipó la incógnita.
El episodio, más allá de lo anecdótico, expone un problema de fondo. La comunicación institucional no es un accesorio ni una función delegable a demanda; es un componente estructural de la gestión. En momentos de decisiones sensibles -como la creación de un cargo jerárquico con impacto presupuestal- la ausencia de conducción en esa área no solo debilita la defensa política de la medida, sino que amplifica la percepción de improvisación.
Finalmente, está el aspecto económico, que en contextos de restricción fiscal adquiere una dimensión ineludible. El nuevo cargo implicará una erogación mensual del entorno de los 174.000 pesos. No es una cifra marginal. Es un compromiso permanente de recursos públicos que exige una justificación proporcional en términos de valor agregado para la gestión.
La ciudadanía, en definitiva, no evalúa organigramas: evalúa resultados.
Pablo Melgar