El Partido Independiente anunció que promoverá una demanda judicial contra Obras Sanitarias del Estado (OSE) con el objetivo de detener el avance del proyecto de la represa de Casupá, al entender que la iniciativa continúa desarrollándose sin contar aún con la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente.
MEDIDA CAUTELAR
De acuerdo con lo informado por el diario montevideano “El País”, la acción judicial incluirá la solicitud de una medida cautelar para suspender toda nueva actuación vinculada a la obra mientras la Justicia analiza el fondo del planteo.
El Partido Independiente sostiene que el Estado ya ha dado pasos relevantes -como la búsqueda de financiamiento internacional, el inicio de expropiaciones, la elaboración del proyecto ejecutivo y el llamado a licitación- pese a que, a su juicio, aún no se ha cumplido con un requisito esencial del proceso de autorización ambiental.
La mencionada fuerza política entiende que esas actuaciones generan compromisos administrativos, jurídicos y económicos que podrían consolidar una obra antes de que exista una definición sobre su viabilidad desde el punto de vista ambiental.
“NO ES LA SOLUCIÓN”
El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, reconoció que el Área Metropolitana enfrenta un problema estructural de abastecimiento de agua potable, aunque afirmó que la represa de Casupá “no es la solución”.
En ese sentido, sostuvo que una alternativa de mayor alcance sería recurrir al agua del Río de la Plata mediante las obras de infraestructura correspondientes.
DETENER EL AVANCE
Mieres reclamó, además, que el gobierno detenga el avance del proyecto hasta que queden resueltos tanto los aspectos jurídicos como los ambientales, evitando que se adopten decisiónes irreversibles antes de contar con todos los permisos exigidos por la normativa vigente.
AL ÁMBITO JUDICIAL
La decisión del Partido Independiente introduce un nuevo frente de discusión en torno a una de las principales obras de infraestructura hídrica impulsadas por el gobierno, cuya necesidad y alcance han sido objeto de un intenso debate político y técnico en los últimos meses.
Según informó “El País”, la controversia ahora se trasladará al ámbito judicial, donde se definirá si corresponde suspender el proceso mientras se resuelve la legalidad del procedimiento seguido por OSE.