Por Pablo Melgar
La propuesta de ampliar a 20 años el plazo de prescripción quedó fuera de la modificación presupuestal de la Intendencia de Lavalleja, mientras la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) aprobó la línea de crédito solicitada por el intendente Daniel Ximénez, en una sesión extraordinaria marcada además por cuestionamientos opositores sobre impuestos, obras y falta de diálogo.
La sesión de anoche tuvo como asunto central la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a 2025. Pero buena parte del debate político se trasladó a la modificación presupuestal que impulsa la administración, donde aparecen las principales discusiones sobre cambios tributarios, gastos e inversiones para los próximos años.
Al comienzo de la sesión, el edil Osorio Gadea, uno de los principales referentes del oficialismo en la Comisión de Presupuesto, anunció que el Ejecutivo retiraba la propuesta de ampliar a 20 años el plazo de prescripción.
El planteo no había conseguido los acuerdos necesarios y finalmente quedó fuera de la discusión.
El edil colorado Luis María Carresse, integrante de la Comisión de Presupuesto, había fijado posición sobre ese punto en un informe fechado el 22 de setiembre. Señaló que no acompañaba la ampliación del plazo de prescripción, pero sí respaldaba la actualización progresiva de los valores de los padrones urbanos y suburbanos que permanecen congelados.
Carresse fundamentó esa posición en un criterio de “justicia tributaria” y sostuvo que la actualización apunta a construir un sistema impositivo “equitativo, razonable y justo”.
Su planteo introdujo un matiz dentro de la discusión opositora: el rechazo a la ampliación del plazo de prescripción no implicaba necesariamente el rechazo de todas las modificaciones tributarias previstas.
El también colorado Néstor Calvo centró su intervención en las obras y en el destino de los recursos. Sostuvo que esperaba una “verdadera ampliación presupuestal” que incorporara las obras e inversiones anunciadas por el Ejecutivo.
El edil reclamó precisiones sobre intervenciones previstas para el Centro de Minas y planteó interrogantes sobre Arroyal, el futuro de puestos de trabajo, la estructura de cargos y los recursos destinados al funcionamiento de la administración.
Laura Nis (Partido Nacional) cuestionó directamente el componente tributario de la modificación. Sostuvo que “lo único que hace es subir impuestos sin un estudio previo” y afirmó que su sector no podía acompañarla.
También vinculó el debate tributario con la situación del empleo departamental y cuestionó que el gobierno concentrara parte de su argumentación en la situación heredada y en las deudas de la Intendencia.
Dolores García Pintos (PN) llevó la discusión hacia el turismo. Señaló que la modificación presupuestal podría haber incorporado recursos específicos para el Geoparque Mundial “Manantiales Serranos”, recientemente reconocido, y sostuvo que el turismo puede convertirse en una fuente de generación de empleo para el departamento.
Los opositores cuestionaron además la falta de una instancia previa de diálogo con el Ejecutivo. Calvo y García Pintos señalaron que sus sectores no fueron convocados para discutir la propuesta antes de que llegara formalmente a la Junta.
Mientras la Rendición de Cuentas permite analizar la ejecución presupuestal de 2025, la modificación presupuestal abre la discusión sobre las decisiones que la administración pretende adoptar hacia adelante. Fue en este segundo terreno donde se concentraron las principales diferencias políticas de la sesión.
En paralelo, la JDL aprobó la línea de crédito solicitada por el intendente Ximénez. La iniciativa recibió los votos de toda la bancada del Frente Amplio y de los ediles electos por la lista 9 del Partido Colorado.
