La sesión de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) se transformó anoche en una señal política de respaldo a los trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC S.A.), mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de los 59 empleos que permanecen vinculados a la planta de Minas.
Como se informó ayer en SERRANO, los representantes del Sindicato de FNC fueron recibidos previamente por la Comisión de Recepción de la Junta y transmitieron que los funcionarios continúan en seguro de desempleo, al tiempo que la empresa desarrolla una evaluación de la viabilidad económica de sus operaciones en Uruguay.
Ese planteo fue interpretado por varios ediles como una negociación en busca de condiciones que permitan mantener la actividad industrial en el país.
POSTURAS COINCIDENTES
A partir de allí, oficialismo y oposición coincidieron en un punto poco frecuente: la necesidad de que el gobierno nacional despliegue todas las herramientas posibles para evitar el cierre definitivo de la planta.
Las diferencias aparecieron al momento de explicar las causas del problema y las eventuales soluciones. La edil comunista Luisa Mazzoni (Frente Amplio) destacó la actuación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y sostuvo que los trabajadores han recibido una adecuada atención por parte de la cartera encabezada por Juan Castillo.
Desde el Partido Colorado, Néstor Calvo (Lista 10) promovió una declaración para solicitar al presidente de la República y a los ministros de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería que realicen “los máximos esfuerzos posibles” para que la empresa permanezca en Minas. Al mismo tiempo, planteó revisar los costos que enfrenta la producción nacional.
El curul frenteamplista Francisco Gómez sostuvo que el caso excede a Lavalleja, ya que la empresa analiza el conjunto de su negocio en Uruguay. A su juicio, el gobierno deberá definir si apuesta por sostener la industria nacional y expresó su confianza en que el Poder Ejecutivo defenderá esa estrategia. También señaló que el intendente Daniel Ximénez está dispuesto a dialogar con todos los actores involucrados para buscar una salida.
“MERCENARIOS”
Uno de los discursos más duros fue el del colorado Luis María Carresse, quien calificó de “mercenarios” a los representantes de la empresa por entender que buscan respaldo fiscal del Estado para mantener la producción.
Aun así, consideró que Lavalleja enfrenta una “emergencia laboral gigante” y reclamó que la Junta Departamental le otorgue un respaldo político al Ejecutivo comunal para las gestiones que deba realizar.
La nacionalista Carol Aviaga recordó que la planta de FNC en Minas constituye parte de la identidad de Lavalleja y propuso una declaración institucional de apoyo a los trabajadores y al sindicato, dirigida al presidente de la República. También evocó el conflicto registrado hace menos de dos años y afirmó que entonces “nadie escatimó esfuerzos” para preservar la matriz laboral.
En la misma línea, el edil Hugo Olascoaga (Partido Nacional) insistió en la necesidad de reducir el costo del Estado para mejorar la competitividad de la industria.
EL IMESI
La sesión también dejó espacio para la controversia política. El presidente de la Junta, Mauro Álvarez, afirmó que en 2021 se eliminó “el subsidio a la cerveza”, en una crítica dirigida a la administración de Luis Lacalle Pou.
Sin embargo, esa afirmación ha sido discutida por referentes históricos del sector. El exdirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read, ha sostenido en reiteradas oportunidades que nunca existió un subsidio específico para la cerveza. Según su explicación, lo que se eliminó fue un tratamiento diferencial del Impuesto Específico Interno (IMESI) aplicado a la cerveza importada, modificación que respondió a compromisos comerciales asumidos por Uruguay en el marco del MERCOSUR y otros acuerdos internacionales.
CONCLUSIÓN COMPARTIDA
Más allá de las diferencias partidarias y del debate tributario, la sesión dejó una conclusión compartida entre los distintos sectores políticos: la eventual pérdida de los últimos 59 puestos de trabajo de la planta industrial de la otrora Cervecería Patricia (hoy parte de FNC -propiedad de la multinacional AB InBev- en la que se enlatan diferentes marcas originalmente uruguayas y otras extranjeras) representa uno de los principales focos de preocupación laboral para Lavalleja y coloca al gobierno nacional ante la presión de definir si intervendrá para intentar preservar una industria considerada emblemática para el departamento.