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    Política

    José  Rojas  dijo  que  los  padrones  no  están  “congelados”  sino  que  son  “valores  topeados”

    Serrano EditorBy Serrano Editor11 marzo, 2026No hay comentarios7 Mins Read
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    Por Natalia Gorgoroso

    Continuando con la ronda de consultas sobre la polémica readecuación de la Contribución Inmobiliaria en Lavalleja, SERRANO dialogó con el edil del Partido Nacional y ex director de Desarrollo Agropecuario la Intendencia, ingeniero agrónomo José Rojas. Con un repaso histórico, Rojas desmintió que los padrones estén “congelados”, apuntó contra las decisiones de los gobiernos nacionales del Frente Amplio y lanzó críticas a los primeros meses de gestión del intendente Daniel Ximénez, denunciando sobrecostos, aumento de cargos y un tono “irrespetuoso” hacia sus antecesores.

    “SON VALORES TOPEADOS”

    SERRANO: El intendente Daniel Ximénez mencionó con nombre y apellido a ex intendentes de su partido, preguntándose cómo es posible que no vieran 7.000 padrones congelados en 20 años. ¿Qué piensa?

    José Rojas: Sin dudas que es un aumento de impuestos a los contribuyentes. Creo que cabe la aclaración de que no son valores congelados, la palabra precisa es topeados; y tienen un tope por toda la normativa dispuesta vigente. Todo este proceso tiene un argumento que nace por los años 1996, 1997, por una medida del gobierno nacional. Por razones biológicas de edad, me encontraba en mi niñez, pero logré asesorarme con distintos actores de cada época y voy a tratar de explicar lo más claro posible por qué se da esta situación. En aquella época había reclamos hacia la Dirección de Catastro para que actualizara el aforo de los padrones urbanos y suburbanos, porque los rurales se realizan por el sistema de Índice Coneat. El doctor Julio María Sanguinetti, en su segundo mandato de 1995 al 2000, realizó un convenio con el BID que, licitación mediante, actualizaría los aforos y, una vez finalizada la tarea, debería entregar a las Intendencias las bases de cálculo. Cuando a comienzos del 2000 se les proporcionaron los llamados “Aforos BID”, no llegaron las bases de cálculo que correspondían. Se padeció de un error involuntario, porque la licitación no se realizó departamento por departamento. Los nuevos aforos eran tan disparados que había miles de padrones que subían hasta la cifra del 5.000%, y había extensas zonas no evaluadas. Esta situación tributaria era imposible de aplicársela a los contribuyentes, y tampoco la Intendencia de Lavalleja tiene facultades legales para disminuir o adecuar esos valores. La IDL en su momento hizo un acuerdo con Catastro para tratar de ir solucionando algunas situaciones. Esos costos los tuvo que asumir la IDL, con un 50% de morosidad, producto de la aftosa y de las inundaciones que se llevaron casi todos los puentes y alcantarillas en todo el departamento entre enero de 2002 y junio de 2003. En ese contexto muy complejo, con la anuencia de la Junta Departamental, se buscó instrumentar una alternativa para poder continuar cobrando las Planillas Urbanas y Suburbanas. El gobierno del doctor Jorge Batlle no estaba en condiciones de realizar una nueva licitación dada la situación que padecía el país. El siguiente fue el del doctor Tabaré Vázquez del Frente Amplio. Allí se trató el tema con el ministro de Economía, contador Danilo Astori, por dos situaciones: una nueva licitación y que Catastro entregara las bases de cálculo. Sobre el final del gobierno de Batlle se habían enviado oficios reclamando esto. La respuesta resultó negativa: no se entregarían las bases de cálculo porque consideraban que eran propiedad intelectual del organismo. Otras intendencias también solicitaron arreglar la situación de los aforos con una nueva licitación, cosa que nunca ocurrió. Hacerlo nuevamente tenía un costo de decenas de millones de dólares y, de concretarlo, provocaría un incremento en la recaudación que no iría a Rentas Generales, sino a las cajas de las Intendencias en su momento blancas, y de paso provocarían enojos en los ciudadanos que luego restarían votos al FA. No hay que olvidar que la responsabilidad de corregir los aforos no es de las Intendencias, sino del gobierno nacional, y estuvieron 15 años. A la coalición le pasó la pandemia, la sequía y 500 millones menos de recaudación de la DGI por las compras en Argentina. Con todos estos sucesos ocurridos durante 20 años, los intendentes anteriores trataron de ir corrigiendo, cada uno con aciertos y errores, pero siempre buscando lo mejor para los vecinos contribuyentes.

    A modo de conclusión y con la información recabada, la medida propuesta por el actual intendente no arregla esta situación en su totalidad, repercute en la carga tributaria de los vecinos propietarios de dichos padrones que van a tener que pagar más, y por otro lado, uno esperaba obras en el presupuesto que justificaran dicho aumento, que claramente no están.

    S.: El edil nacionalista Gabriel Gutiérrez acusa a la actual gestión de subir impuestos, pero el oficialismo dice que es solo una “regularización”. ¿Qué alternativas reales va a presentar la bancada del Partido Nacional en la Junta para evitar que estos 7.000 padrones sufran incrementos?

    J.R.: Esa regularización que menciona implica sin dudas una suba impositiva en la Contribución. El número de padrones en sí no lo tenemos, ya que en el presupuesto no se menciona qué cantidad son. A nivel de bancada se está estudiando cada uno de los artículos del presupuesto, siendo este artículo de los más importantes que está en discusión. Se dijo en campaña que no se iba a modificar la carga tributaria y en los hechos se da lo opuesto. Se da un paralelismo con lo que pasa en el gobierno nacional: se dijo que no iban a subir ni crear impuestos y claramente la realidad es otra.

    “QUEDA MAL PARADO”

    S.: Ximénez pintó un panorama muy complicado de la transición en 2025. ¿Hacen un mea culpa sobre el estado financiero en el que entregaron la comuna, o consideran que el intendente está exagerando los números?

    J.R.: El intendente, a mi forma de ver, queda mal parado frente a la ciudadanía. La prueba fue la realidad de lo ocurrido. Simplemente contestando estas preguntas se puede corroborar rápidamente: ¿Se pagaron los sueldos? Sí. ¿Se pagaron los aguinaldos? Sí. ¿Se pidió el crédito? No. Y también recuerdo que el intendente Ximénez prometió que iba a manejar la intendencia con 9 cargos de confianza, y hoy son 33, más algunas contrataciones de asesores con la modalidad de arrendamiento de servicios por cifras no menores. Además, realizó la Semana de Lavalleja y la Noche de los Fogones por separado, aumentando el gasto. Había obras prontas para ejecutar y otras en ejecución que quedaron rezagadas y no sabemos el motivo.

    “AHORA ES INTENDENTE DE TODOS”

    S.: El intendente criticó que los jerarcas anteriores nunca se formaron en gestión. ¿Qué opinión le merece esta afirmación sobre la trayectoria de líderes como Adriana Peña o Mario García?

    J.R.: En primer lugar, expreso mi sorpresa por el estilo con tono de soberbia y medio irrespetuoso hacia los ex intendentes blancos de los últimos 20 años, a mi forma de ver. Sin temor a equivocarme, siendo todos, salvo una, del palo del Derecho, donde su profesión implica estudiar, además de la Constitución, las leyes y el funcionamiento de todos los organismos del Estado, que pretenda compararlos con un curso, por más válido que este sea, para la administración de un Hospital. Este lenguaje empleado para dirigirse a quienes fueron en su tiempo sus colegas no le hace ningún favor a su investidura ni a su propia calidad de universitario, y menos a su persona. Además, la campaña electoral terminó hace 10 meses. Ahora es el intendente de todos y como tal considero que debería expresarse en un tono más institucional que de política partidaria. 

    Creo que equivoca el camino, ya que las muestras de buena administración hoy no aparecen, y le pongo dos ejemplos. ¿Es buena administración una obra en las calles de Solís que costaba 11 millones de pesos y el intendente Ximénez la privatizó mediante adjudicación directa, la cual fue observada por el Tribunal de Cuentas, y así nos terminó costando 25 millones? ¿Es de buena administración alquilar un vehículo para el director de Vialidad cuando la Intendencia cuenta con vehículos propios? ¿Es de buena administración pagar por ese alquiler más de lo que hubiera salido comprar ese vehículo? ¿Es de buena administración comprar una camioneta de gran porte para que esté al servicio de la Dirección de Prensa? Esperemos que en los cuatro años que le faltan a este gobierno no sigamos constatando estos manejos de gestión que van en contra de los compromisos de campaña asumidos por el Frente Amplio en Lavalleja.

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