Por Natalia Gorgoroso
En medio del fuego cruzado entre el oficialismo frenteamplista y la oposición nacionalista por la regularización de la Contribución Inmobiliaria de 7.000 padrones lavallejinos, el Partido Colorado emerge en la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) con una postura que, si bien presenta matices entre sus sectores, coincide en un reclamo unánime: la falta de información oficial, la necesidad de transparencia institucional y el rechazo a la lógica de acusaciones políticas.
Sobre esto en SERRANO dialogamos con los ediles colorados Néstor Calvo, representante de la Lista 10, y Luis María Carresse, de la Lista 9, quienes analizaron la situación y respondieron a las polémicas declaraciones que han marcado la agenda departamental en los últimos días.
CALVO Y LA LISTA 10
Para el edil Néstor Calvo -quien aclaró de antemano que sus expresiones representan una visión estrictamente personal y de su sector-, el problema central radica en la forma en que el Ejecutivo ha planteado el tema. Según indicó, la norma presupuestal enviada a la Junta Departamental carece de la claridad necesaria para abordar una medida de esta magnitud.
“La norma presupuestal no está clara, no habla de los 7.000 padrones. Nosotros nos enteramos por los medios de prensa, a través de una nota que dio el intendente”, señaló Calvo. A su juicio, estas declaraciones públicas surgieron como respuesta al mal humor que comenzó a circular en la población ante los trascendidos de que la Contribución Inmobiliaria aumentaría progresivamente hasta el año 2030.
En la misma línea, el edil cuestionó los tiempos del jefe comunal: “No entiendo cómo el intendente sale un determinado tiempo antes de votar el presupuesto a explicar la suba. Es lo mismo que pasó cuando, 24 horas después de haber presentado el presupuesto, salió a hacer aclaraciones que no le había pedido el sistema político, sino a raíz del malestar de la gente en las redes”.
“SIEMPRE PAGA EL CIUDADANO COMÚN”
Lejos de discursos abstractos, Calvo fue al texto puro y duro, y leyó el polémico artículo 79 del proyecto de presupuesto que la Intendencia pretende que se vote. Explicó que el texto se limita a establecer que la diferencia resultante en el monto imponible de la Contribución, producto de la derogación de los topes previstos en el decreto 21.00 de 2001 y el decreto 44.98 de 2006, se aplicará a razón de un 25% para el 2027, incrementándose en los años subsiguientes hasta 2030.
“O sea que no hay nada claro, no especifica nada, no habla de los 7.000 padrones ni de las diferencias de precio entre 3.000 y 13.000 que manifiesta el intendente. La norma es clara y esto es lo que vamos a votar”, sentenció, aclarando de inmediato que el hecho de que la Junta deba “votar” el artículo no significa, bajo ningún concepto, que su sector vaya a acompañarlo afirmativamente.
Para Calvo, esta situación no debería resolverse dentro del presupuesto. El edil propone realizar un trabajo minucioso, dar luz sobre cuáles son exactamente los padrones afectados e informar a cada ciudadano antes de ejecutar cualquier medida. Como alternativas, sugirió estudiar planes de regularización mediante “algún tipo de amnistía” o tratar el tema en una futura ampliación presupuestal, remarcando que un aumento del 25% anual es excesivo y que, al final del día, “por errores de uno o por omisiones de otro, siempre termina pagando el ciudadano común”.
POLÉMICA
Consultado sobre las acusaciones del edil nacionalista Gabriel Gutiérrez, quien afirmó que el aumento de impuestos tiene como fin financiar nuevos cargos de confianza para el Frente Amplio, Néstor Calvo prefirió ser cauteloso respecto a las palabras de su colega, pero introdujo un elemento de gran peso institucional al debate.
Calvo señaló que no le corresponde hacer apreciaciones sobre la visión personal de Gutiérrez, aunque advirtió que de ser así, “sería muy lamentable y hablaría muy mal de este gobierno departamental”. Sin embargo, el representante colorado reveló que existe una preocupación similar y documentada por parte del sindicato de funcionarios municipales.
“Debo decir algo que escuché del gremio de ADEOM cuando se reunió con la Comisión de Recepción de la Junta”, relató. Según el edil Calvo, las autoridades sindicales manifestaron su temor de que los ahorros que la Intendencia planea hacer en la carrera funcional, mediante cambios y la eliminación de algunos cargos existentes, “pudieran ir a parar a los cargos Q” (cargos de particular confianza). Para el curul colorado, esto reviste una gravedad mayor, ya que “no es una apreciación de un edil, sino una afirmación de las autoridades de ADEOM”.
Concluyó advirtiendo que, si ese es el verdadero espíritu de la administración, “estamos muy equivocados y vamos por el rumbo incorrecto”.
CARRESSE Y LA LISTA 9
Desde otra óptica, pero coincidiendo en la exigencia de responsabilidad, el edil Luis María Carresse (Lista 9) instó a elevar el nivel del debate, alejándolo de la polarización. Ante las acusaciones de “negligencia” por parte del Frente Amplio hacia el Partido Nacional, y de “impuestazo” en sentido contrario, Carresse consideró que como tercera fuerza no ayuda caer en esa lógica de reproches cruzados.
“Lo verdaderamente importante es conocer con claridad qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo se corrige con criterios de justicia y responsabilidad”, afirmó. El legislador departamental sostuvo que, si efectivamente existieron padrones desactualizados durante tantos años, se está ante una situación que merece una explicación técnica seria y completa. “Más que buscar responsables políticos, lo prioritario es contar con información precisa y actuar con transparencia institucional”, subrayó.
Carresse reconoció que, de existir una inequidad real entre contribuyentes con situaciones similares, corresponde corregirla, pero marcó límites estrictos sobre cómo debe llevarse a cabo ese proceso. Desde su sector, entienden que cualquier corrección debe regirse por criterios de gradualidad, razonabilidad y sensibilidad social, para evitar impactos excesivos sobre la economía de los vecinos.
Para lograr esto, el representante de la Lista 9 enumeró tres condiciones innegociables: primero, deben conocerse absolutamente todos los datos técnicos del tema; segundo, tienen que garantizarse mecanismos que contemplen las diversas situaciones sociales de los afectados; y tercero, se debe evitar que la corrección termine generando nuevas inequidades en el sistema tributario del departamento.
En consonancia con su perfil institucional, Carresse le bajó el tono a las disputas mediáticas y apuntó a los ámbitos formales de gobierno. Señaló que consideran oportuno que el propio intendente y sus equipos técnicos concurran a la Junta Departamental para brindar la información completa en el marco del tratamiento presupuestal.
“MUCHO MÁS PROFUNDO”
Sobre las denuncias del nacionalista Gutiérrez respecto a los cargos de confianza, Carresse mantuvo una postura sobria: “Entiendo que en el debate presupuestal es natural que existan distintas interpretaciones y cuestionamientos. Sin embargo, creemos que en un tema de esta importancia no corresponde anticipar conclusiones sin contar con toda la información”.
Fiel a su enfoque, cerró remarcando la gravedad del asunto en discusión: “En mi experiencia es un tema mucho más profundo. Hablamos de los contribuyentes, de los dineros públicos, de su gestión y administración. Respeto la óptica del señor edil Gutiérrez, esa es su opinión”.