Frente Amplio se desmarcó de su proyecto, pero no tiene previsto sancionarlo
Las bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio hicieron saber a la población que nada tienen que ver con el plan de generar un sistema de retribuciones a los ediles, algo que está expresamente prohíbido por la Constitución.
En el comienzo de la semana, el edil departamental Ezequiel Larrea emitió un comunicado público en el que asumió como un «error» haber manejado de manera informal una reflexión personal vinculada a una eventual retribución por gastos de representación para los ediles, sin haberla canalizada previamente por los ámbitos institucionales correspondientes.
La declaración surge en el marco de la controversia generada en los últimos días en torno a la posibilidad de establecer algún tipo de compensación económica para los integrantes de la Junta Departamental de Lavalleja. Según explicó Larrea, la iniciativa no fue presentada formalmente ante el plenario ni discutida dentro de la bancada del Frente Amplio, sino que se trató de un planteo personal que no siguió los carriles orgánicos habituales.
«Debí canalizar cualquier planteo por los ámbitos correspondientes e intercambiarlo primero con mis compañeros y compañeras», expresó el edil en el texto fechado en Minas. Reconoció que no haberlo hecho fue un error que le corresponde asumir, en un tono de autocrítica que buscó descomprimir la situación política generada.
Larrea, de 20 años, subrayó además que se encuentra en el inicio de su responsabilidad pública, y que esa condición implica un proceso de aprendizaje. «Aprender, escuchar y actuar con mayor prudencia en el futuro» son, según afirmó, las premisas que guiarán su desempeño a partir de esta experiencia. En ese sentido, sostuvo que el episodio servirá como instancia de crecimiento político y personal.
El comunicado también incluyó una reafirmación de su compromiso con el trabajo colectivo en la Junta Departamental de Lavalleja y con su sector político, Compromiso 711. De esta manera, el edil procuró dejar en claro que su accionar no respondió a una estrategia partidaria ni una decisión coordinada, sino una reflexión individual que no alcanzó el estatus de propuesta formal.
La declaración pública introduce un punto de inflexión en un debate sensible, en un contexto donde la discusión sobre retribuciones y gastos de representación suele estar atravesada por consideraciones éticas, presupuestales y políticas.
Con su mensaje, Larrea buscó cerrar el episodio desde la asunción de responsabilidad y el compromiso de mayor prudencia institucional en adelante.