Todo comenzó en la noche del domingo 29 con una denuncia de violencia doméstica contra un sargento que reviste en el Batallón de Infantería N.º 11. La Justicia competente libró una orden de conducción policial contra el militar. El efectivo se resistió a la detención y realizó un disparo. Tras el incidente, los policías se vieron obligados a desplegar un operativo inusual, cargado de riesgos.
La intervención escaló rápidamente hacia un escenario crítico. Según los datos a los que accedió Serrano, cerca de la medianoche, al advertir la presencia policial, el hombre se resistió de forma activa y optó por replegarse hacia el polígono de tiro de la unidad militar.
Ese movimiento alteró por completo la naturaleza del procedimiento. Ya no se trataba solo de ejecutar una orden judicial: el hecho de que el implicado estuviera armado y dentro de una instalación castrense introdujo un factor de riesgo.
En ese contexto, se escuchó la detonación de un arma de fuego, lo que activó una alerta de máxima gravedad institucional. La alarma se encendió en toda la unidad militar. Además, había un condimento especial: el sargento es un experto tirador, instructor para más datos.
A partir de ese momento, la gestión de la crisis quedó en manos de un delicado equilibrio entre la autoridad policial y la cadena de mando militar.
Fuentes vinculadas al operativo señalaron que la prioridad fue evitar una escalada en un entorno donde el acceso a armamento y municiones podía agravar cualquier desenlace.
La resolución llegó a través de la negociación. Durante varios minutos —cuyos detalles no trascendieron en su totalidad— efectivos policiales y militares actuaron de forma coordinada para disuadir al hombre. Finalmente, el efectivo depuso su actitud y fue conducido a la dependencia policial correspondiente. No se registraron personas lesionadas.
La Justicia resolvió condenar al soldado por un delito de violencia doméstica agravado, un delito de violación de domicilio agravado, un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos y un delito de tráfico interno de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, todos en régimen de reiteración real, a la pena de 24 meses de prisión a cumplirse bajo el régimen de la libertad a prueba.
Las investigaciones se mantienen abiertas dentro de la Fiscalía y se aguarda el trabajo de la Justicia Militar.