Por Natalia Gorgoroso
La localidad de José Batlle y Ordóñez, en el límite entre Lavalleja y Florida, atraviesa una situación crítica que pone a prueba la capacidad de respuesta de la comunidad y sus autoridades. Claudia Olivera Sanner, quien junto a su hermana y un pequeño grupo de colaboradores lleva más de una década dedicada al bienestar animal de forma honoraria, describe un panorama desolador: una explosión de abandonos que ha desbordado los recursos personales y locales.
Lo que comenzó como un trabajo hormiga de rescate y castraciones económicas ha chocado de frente con la falta de continuidad en las políticas públicas. Entre 2022 y mediados de 2025, el programa de castraciones gratuitas, apoyado fuertemente por la Intendencia de Florida, permitió alcanzar la cifra de 1.700 intervenciones caninas y felinas. Sin embargo, el vencimiento de este programa y el recorte de rubros a nivel nacional en junio de este año generaron un vacío que las comunidades de la zona están pagando caro.
El impasse en las castraciones masivas no tardó en mostrar sus consecuencias. Según relató Olivera a SERRANO, el mes de octubre marcó un punto de quiebre cuando, en apenas 48 horas, aparecieron 23 cachorros abandonados de distintas camadas, sumados a una perra que parió otros ocho ejemplares en la calle. «Logramos colocar cinco, pero tiran siete», explica con impotencia. Actualmente, el grupo asume el costo de alimentar a más de 30 animales, costeando de sus propios bolsillos y mediante colaboraciones una cuenta veterinaria que este mes alcanzó los 38 mil pesos.
Ante la gravedad del asunto, las fuerzas vivas de Nico Pérez y Batlle y Ordóñez se reunieron recientemente en la Asociación Rural Nico Batlle. El encuentro contó con la presencia de representantes de la Seccional, el Juzgado de Paz, Ganadería, Salud Pública y la Alcaldía local. La jueza de Paz y el comisario Alejandro Clavijo, encargado de la Zona Operacional 4 y la Patrulla Rural, han mostrado un compromiso firme, aportando datos sobre la preocupante falta de tenencia responsable en las zonas rurales y los vínculos necesarios con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).
Las cifras que manejan los voluntarios son elocuentes. Se estima que en una población de aproximadamente 3.500 habitantes entre ambas localidades, podrían existir cerca de 1.500 perros. «Solo en los tres planes MEVIR de Nico Pérez había 580 perros en 2021», recuerda Claudia. La propuesta de los proteccionistas es clara: se necesita un censo de población canina real, el chipeado total de los animales y, fundamentalmente, educación en las escuelas para que los niños se conviertan en promotores de la tenencia responsable en sus hogares.
Mientras el alcalde de la localidad se encuentra analizando modelos de gestión de otras zonas, como el plan de «cero perro en la calle» de San Gregorio de Polanco, la urgencia no da tregua. Los voluntarios continúan rescatando animales en situaciones extremas: perros sacados de caños durante inundaciones, cachorros recuperados de volquetas de basura o animales con graves infecciones por falta de cuidado.
El próximo 22 de diciembre será una fecha clave. Se llevará a cabo una reunión con los directores departamentales de Ganadería de Lavalleja y Florida, junto a la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Junta Departamental de Florida, con el objetivo de trazar un camino institucional que devuelva la estabilidad al programa de castraciones y brinde un marco legal y logístico a una tarea que, hasta hoy, descansa mayoritariamente en los hombros de unos pocos vecinos comprometidos.