4 de setiembre de 2026
Las Mujeres Coloradas y Batllistas autoconvocadas expresamos nuestra profunda indignación, dolor y alarma ante dos hechos de extrema gravedad que han conmocionado a nuestra sociedad en las últimas horas.
Por un lado, el brutal ataque sufrido por una estudiante de 19 años en la Facultad de Medicina, agredida con un arma blanca por un compañero, hecho que la propia investigación policial considera un intento de femicidio.
Por otro, la tragedia ocurrida en Las Piedras, donde una mujer de 60 años perdió la vida luego de ser embestida por un automóvil conducido por un sargento del Ejército que circulaba a contramano y que trasladaba a tres adolescentes vinculadas al INAU, quienes se habían retirado sin autorización de un centro de protección. El hombre fue imputado por homicidio culposo y suministro de drogas agravado.
Pero detrás de estos hechos hay algo que no podemos permitirnos ignorar.
Hay mujeres que están siendo violentadas y adolescentes que están siendo profundamente vulneradas. Y frente a ambas situaciones, el Estado tiene la obligación de proteger, prevenir y actuar.
La violencia contra las mujeres no comienza necesariamente con el golpe, la puñalada o el femicidio. Muchas veces comienza antes: con el acoso, el control, la intimidación, la naturalización de conductas violentas y la falta de respuestas oportunas frente a señales que deberían haber encendido todas las alarmas.
Lo ocurrido en la Facultad de Medicina vuelve a demostrar que no alcanza con condenar la violencia una vez que ocurre. La propia Universidad ha señalado la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, protección y respuesta frente a la violencia basada en género.
Prevenir significa escuchar. Significa detectar. Significa intervenir. Y, fundamentalmente, significa proteger antes de que sea demasiado tarde.
Del mismo modo, el caso de las adolescentes bajo la órbita del INAU nos enfrenta a una realidad que resulta todavía más dolorosa: jóvenes que estaban bajo responsabilidad de un organismo estatal de protección terminaron expuestas a un adulto, a sustancias psicoactivas y a una situación que hoy es objeto de investigación judicial y administrativa.
No estamos ante adolescentes a las que simplemente debemos reprocharles haberse retirado de un centro. Estamos hablando de adolescentes que estaban bajo un sistema de protección del Estado y que, en esas circunstancias, quedaron expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad. La información conocida sobre el caso es particularmente grave. Según lo informado luego de la audiencia judicial, el militar habría suministrado drogas a las adolescentes; una de ellas presentó resultados positivos para cocaína, marihuana y alcohol, mientras que las dos adolescentes de 14 años habían consumido alcohol. El INAU, además, investiga posibles indicadores de explotación sexual respecto de una de las jóvenes.
Esto exige respuestas políticas y no solamente judiciales.
¿Dónde estuvieron los controles? ¿Dónde estuvo la prevención?
¿Qué protocolos se aplicaron? ¿Qué información tenía el INAU?
¿Qué medidas se adoptaron ante las situaciones de vulnerabilidad que ya eran conocidas? ¿Cómo pudo un adulto acceder a adolescentes que se encontraban bajo protección institucional y terminar trasladándolas en un vehículo en estas circunstancias?
No formulamos estas preguntas para anticipar responsabilidades que deberán determinar la Justicia y las investigaciones correspondientes. Las formulamos porque cuando el Estado asume la protección de una adolescente, asume una responsabilidad concreta sobre su integridad, su dignidad y sus derechos.
Y esa responsabilidad no puede diluirse detrás de protocolos, procedimientos administrativos o explicaciones burocráticas. La eficacia de las instituciones públicas se mide, fundamentalmente, por su capacidad para proteger a quienes más lo necesitan.
Por eso entendemos que ambos hechos deben ser analizados también desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Una joven atacada dentro de un ámbito educativo. Tres adolescentes en situación de vulnerabilidad, vinculadas a un sistema estatal de protección, expuestas a drogas y a un adulto. Una mujer de 60 años que perdió la vida en circunstancias absolutamente evitables.
Son historias diferentes, pero tienen un elemento común que nos interpela profundamente: la vulnerabilidad de las personas frente a la violencia y la necesidad de que el Estado esté presente, funcione y llegue antes de la tragedia.
Desde nuestro lugar, reclamamos:
1. Una investigación exhaustiva y transparente de las circunstancias que rodearon la salida de las adolescentes del centro de INAU y de lo ocurrido posteriormente.
2. La revisión inmediata de los protocolos de protección y seguimiento de adolescentes que se encuentran bajo amparo institucional.
3. El fortalecimiento de las políticas de prevención de la violencia basada en género, tanto en ámbitos educativos como comunitarios e institucionales.
4. Una evaluación seria de las alertas previas y de la respuesta institucional en aquellos casos en los que existan antecedentes de vulnerabilidad, violencia, consumo o explotación.
5. La determinación de las responsabilidades que correspondan, administrativas, políticas o penales, sin privilegios ni excepciones. Y, fundamentalmente, una política de Estado que coloque la protección efectiva de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el centro de la acción pública.
No queremos instituciones que reaccionen después de la tragedia. Queremos instituciones que prevengan, protejan y actúen a tiempo.
Como Mujeres Coloradas y Batllistas, reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad humana, la igualdad, la libertad, el Estado de Derecho y una sociedad en la que ninguna mujer tenga que vivir con miedo y ningún adolescente que se encuentre bajo protección estatal quede librado a su suerte.
La violencia no puede naturalizarse. La vulnerabilidad no puede ser abandonada. Y la ineficacia institucional no puede convertirse en destino.
Mujeres Coloradas y Batllistas autoconvocadas