Recibimos y publicamos
El presupuesto de una Intendencia debería estar al servicio del ciudadano. El proyecto presupuestal 2026-2030 de la Intendencia de Lavalleja hace exactamente lo contrario.
Bajo el discurso de la “modernización” y la “optimización de la gestión”, el documento esconde una reestructura sobredimensionada, que multiplica cargos políticos, blinda sueldos y consolida un gasto rígido que compromete el futuro del departamento.
Una estructura inflada para un departamento chico:
Lavalleja tiene poco más de 58.000 habitantes, pero el nuevo organigrama propone una explosión de Direcciones, Subdirecciones, Secretarías y Asesorías, totalmente desproporcionada para su escala.
El resultado es claro: La Intendencia gasta más en “cabezas políticas” que en brazos ejecutores. Se financia una cúpula administrativa mientras los servicios básicos y la inversión productiva quedan relegados.
La “reestructura mentirosa”:
Aunque se habla de racionalización, el gasto en el Grupo 0 (sueldos) sigue siendo el componente dominante del presupuesto.
Si no baja el peso de los salarios sobre los ingresos, no hay ahorro, solo un reordenamiento administrativo para legalizar designaciones directas pasadas y futuras.
Más grave aún:
– El número de cargos políticos crece más de 450% (de acuerdo a la conferencia de prensa, este porcentaje se puede ver alterado pero bajo ninguna circunstancia cambia la lógica del fondo de la cuestión).
– Se consolidan compensaciones discrecionales por “mayor responsabilidad” o “tareas críticas”, que no figuran en el sueldo base, pero disparan el costo real.
– Es un sobresueldo legalizado, éticamente cuestionable en cualquier plan que se presente como austero.
Artículos que concentran poder y eliminan controles Los artículos 18 y 19 habilitan al Intendente a transformar cargos y modificar escalafones sin concursos abiertos.
Esto convierte la carrera administrativa en una decisión política unipersonal, anulando la transparencia y premiando afinidades.
Y el Artículo 15, al presupuestar contratados con más de dos años, engrosa la plantilla permanente, eliminando flexibilidad futura y aumentando la rigidez estructural del gasto.
Una Intendencia que funciona como agencia de empleo:
Mientras los sueldos crecen, la inversión real en infraestructura permanece estancada o depende casi exclusivamente de fondos nacionales (FDI – OPP).
No hay:
– Un plan maestro de infraestructura.
– Proyectos de alto impacto.
– Estrategia para convertir a Lavalleja en un polo logístico, productivo o turístico.
El presupuesto se concentra en mantenimiento y parches, no en desarrollo.
Así, la Intendencia actúa como un redistribuidor de recursos hacia su propia burocracia, en lugar de ser un motor de crecimiento.
Más impuestos encubiertos, menos competitividad:
Aunque se afirma que no hay nuevos impuestos, los revalúos de la Contribución Inmobiliaria suelen generar aumentos reales por encima de la inflación.
Mientras productores y comerciantes enfrentan un mercado difícil, la Intendencia indexa automáticamente sus costos, trasladando todo el riesgo al bolsillo del contribuyente.
No hay propuestas audaces para:
– Reducir tasas.
– Exonerar nuevos emprendimientos.
– Atraer empresas de otros departamentos.
Sin alivio fiscal, no hay empleo privado, y sin empleo privado no mejora la calidad de vida. La crítica no es política, es económica.
Cada peso que se destina a un cargo político es un peso menos para:
– Caminos rurales.
– Alumbrado.
– Saneamiento.
– Espacios públicos.
– Competitividad productiva.
No existe justicia social más efectiva que dejar el dinero en el bolsillo del ciudadano, para que consuma, invierta y genere trabajo.
Recomendaciones mínimas:
Este presupuesto todavía puede corregirse.
Algunas medidas urgentes:
– Congelar vacantes administrativas no esenciales.
– Auditar externamente la reestructura de cargos.
– Poner un tope al gasto en cargos de confianza.
– Tasa cero por 24 meses para nuevas empresas.
– Limitar revalúos inmobiliarios a la inflación.
– Crear un fondo de infraestructura productiva.
– Digitalizar totalmente los trámites municipales.
CONCLUSIÓN
Tal como está planteado, el presupuesto 2026-2030 no pone a los habitantes en el centro, sino que protege privilegios políticos y consolida una maquinaria administrativa paralela.
Si la población del departamento achica, la cúpula política no puede agrandarse.
El verdadero ajuste no lo hace la política: lo paga el vecino.
Mientras se crean Direcciones y Asesorías, el productor sigue sacando su cosecha por caminos rotos, el comerciante paga tasas que no vuelven en servicios y las familias ven cómo su contribución sube sin que mejore el barrio donde viven.
Lavalleja necesita menos Directores y más excavadoras, menos tasas y más libertad para emprender, menos discurso y más resultados.
Este no es un plan de despegue. Es una oportunidad perdida.
Lic. en Economía Ma. Verónica Acosta Huerta, MBA