Ing. Agr. José Rojas
El Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente Yamandú Orsi, ha manifestado en innumerables
ocasiones su propósito de avances y mejoras para el agro, en pos del desarrollo, mejora de la
competitividad, pero lo que se ve en la práctica es otra realidad y queda en manifiesto con las propuestas
planteadas en el Proyecto de Ley de Presupuesto, donde se reitera el incumpliendo nuevamente de lo
pautado o prometido en campaña electoral con respecto a la carga impositiva al sector, a su vez también
llama la atención, que la propuesta proviene directamente desde el Ministerio de Ambiente, y los
principales jerarcas de MGAP y MEF (áreas neurálgicas del tema), desconocían la medida, dejando en
evidencia más dudas que certezas hacia donde vamos.
El proyecto de Ley de Presupuesto, enviado al Parlamento, establece en el artículo 468 la creación de un
nuevo impuesto a “sustancias activas de alta peligrosidad”.
El principal argumento para la eventual aplicación de dicho impuesto (IMESI), se escuda en el ambiente,
lo cual es un grave error o su fin no es tal.
Se pretende que, ante el aumento del costo de los productos fitosanitarios, los productores dejen de usar
los mismos y busquen alternativas más sostenibles ambientalmente, lo cual no va ocurrir porque se tiene
que seguir produciendo, y hoy por hoy, no hay sistema productivo que sin el uso de dichos productos
alcance los rendimientos para cubrir los costos y que los sistemas sean realmente rentables para los
productores.
No quiere decir que este bien usar productos fitosanitarios o fertilizantes por usar, son tecnologías y
herramientas que hay regular realmente su utilización, pero ya existen desde hace mucho tiempo
mecanismos y manuales de buenas prácticas a nivel del estado, de varios de los rubros que se realizan en
el país, hay reglamentación vigente que regula estas prácticas, quizás el camino sea otro, y tengan que
buscar mayor control en las malas prácticas y sancionar duramente, pero agregando el impuesto, no va a
disminuir el uso de los fitosanitarios, su fin solamente será recaudatorio y si tendrá connotaciones
negativas en el desarrollo, competitividad y progreso de nuestros productores frente a los mercados
internacionales.
A su vez el texto del artículo no es claro y deja abierta la posibilidad a que se pueda extender la medida
impositiva también a los fertilizantes u otros insumos de origen químico, lo cual deja un manto de
incertidumbre sobre los productores. Dirigentes de las principales gremiales del agro como la ARU
(Asociación Rural del Uruguay) manifestaron que después de leer varias veces el texto del artículo aún les
cuesta entender que abarca y cómo se aplica la norma, por tal motivo debería ser analizado
exhaustivamente en el parlamento y evitar que se lleve a cabo.
Con esta propuesta se está afectando diversos rubros del sector agropecuario e impacta fuertemente en
todas las cadenas productivas con el traslado de los costos, que sumados a un dólar sumergido,
combustibles y energía muy caros, se hace cada vez más difícil el escenario para la producción.