Hace pocos días advertimos en estas páginas sobre el error conceptual en el que incurrió Uruguay al firmar una declaración sobre Venezuela junto a países claramente alineados en contra de Estados Unidos. Lo señalamos casi en soledad, pero el problema era evidente.
No se trataba de una discusión ideológica ni de un gesto simbólico sin consecuencias: era una señal política concreta, emitida en un contexto internacional extremadamente sensible, que chocaba de frente con la línea diplomática que el propio presidente Yamandú Orsi había venido construyendo con cuidado.
Antes y después de ganar las elecciones, Orsi encabezó un esfuerzo explícito por mantener y profundizar una relación fluida con Washington.
Ese trabajo, paciente y consistente, parecía reconocer un dato básico de la política exterior uruguaya: Estados Unidos sigue siendo un actor central para el país, tanto en términos comerciales como financieros, estratégicos y diplomáticos. En ese marco, resulta difícil de entender -en clave de interés nacional- una equivocación de este volumen.
Sin embargo, la firma de la declaración tuvo un efecto interno inmediato: calmó a las líneas más duras de la izquierda. A ese sector le permitió creer, aunque fuera por un instante, que el Frente Amplio en el gobierno era el Frente Amplio de 1971. Un alivio identitario, nostálgico, que poco tiene que ver con las responsabilidades de gobernar en 2026.
El problema es que la política exterior no se gestiona para ordenar internas partidarias, sino para proteger intereses permanentes del Estado.
Del otro lado, en Washington DC, estas cosas no pasan inadvertidas. La diplomacia estadounidense se rige por un principio elemental: la reciprocidad. A cada gesto, una respuesta equivalente. No es una cuestión de simpatías personales ni de afinidades ideológicas, sino de señales y consecuencias.
En ese marco, no sorprende que se endurezcan criterios, que se revisen beneficios o que se congelen facilidades. La política de visas, por ejemplo, no se define en abstracto: responde a percepciones claras sobre alineamientos y actitudes.
Uruguay no ganó nada con este movimiento. No influyó en la situación venezolana, no fortaleció su posición internacional y no consolidó ninguna ventaja concreta. En cambio, se expuso a costos innecesarios y debilitó una relación estratégica que había sido cuidadosamente reconstruida.
Es hora de que los gobernantes entiendan una distinción básica, pero decisiva: no están debatiendo en un comité político; están gobernando un país.
La política exterior exige realismo, coherencia y sentido de Estado. Las señales confusas, los gestos para la tribuna interna y las nostalgias ideológicas suelen pagarse caro.
Uruguay, por su tamaño y su inserción internacional, no tiene margen para esos errores.
Pablo Melgar