Se anticipa una semana de intensa actividad política en la Junta Departamental de Lavalleja, con una sesión ordinaria clave programada para el próximo miércoles 17 de septiembre a las 19:30 horas.
Según el orden del día comunicado oficialmente, el séptimo punto a tratar serán los «informes referidos a solicitud de prórroga del contrato con Arroyal S.A.», un asunto que regresa al plenario tras las contundentes observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y en un escenario político radicalmente distinto al de la última votación.
La solicitud de la empresa Arroyal S.A. se fundamenta en la necesidad de realizar una fuerte inversión para modernizar sus instalaciones y garantizar su competitividad. La compañía, que opera la planta desde 2008, sostiene que es imprescindible mejorar la eficiencia en áreas críticas como la cadena de frío y la calidad de faena para poder cumplir con las exigentes normativas del mercado actual.
La advertencia es clara: sin estas mejoras, la planta corre el riesgo de quedar fuera de competición o de mercado; en un área que se vuelve cada vez más exigente con el correr de los años.
Actualmente, la planta emplea de forma directa a 120 personas, y el grupo económico al que pertenece suma un total de 150 trabajadores. Además, se estima que genera entre 150 y 200 empleos indirectos. Con el proyecto de inversión que se busca viabilizar, la empresa proyecta aumentar su plantilla directa a un total de entre 150 y 200 personas.
Un dato relevante es la estabilidad laboral que ofrece la compañía, ya que el 60% de su personal actual trabaja allí desde los inicios de la concesión en 2008. La operativa de Arroyal S.A. tiene un alcance nacional, atendiendo a clientes como el propio Estado, y su red de abastecimiento se nutre de entre 1.000 y 1.200 productores ganaderos, principalmente de la zona Este y Centro del país.
Un nuevo escenario político
El tema regresa a la Junta Departamental porque el Tribunal de Cuentas aconsejó que el procedimiento aprobado por el Legislativo en 2024 fue equivocado, validando las advertencias que ediles de la entonces oposición habían manifestado.
En el año 2024, el Partido Nacional ostentaba la mayoría y logró aprobar la prórroga por 22 votos. Hoy, la mayoría pertenece al Frente Amplio, bloque que lideró el rechazo a la iniciativa basándose en irregularidades de procedimiento.
A esta nueva mayoría se sumarían los votos del Partido Colorado, que cuenta con tres ediles y cuya postura en 2024 también fue contraria a la prórroga en los términos planteados.
Cabe destacar que ambas posturas están de acuerdo con el proyecto de la empresa y quieren que siga operando la planta, la diferencias se centran en el procedimiento y las irregularidades en las que se incurre para aprobar la concesión.
Lo que se viene
Dado el cambio de signo político en la gestión departamental, se puede anticipar que la Junta Departamental votará en consonancia con lo aconsejado por el Tribunal de Cuentas y, en consecuencia, desestimará la resolución aprobada anteriormente.
En aquella sesión, se enfrentaron la visión del oficialismo de entonces, que defendía la primacía del empleo sobre la «norma», y la de la oposición, que exigía respeto por la institucionalidad y los procedimientos legales.
El próximo miércoles, la postura que antes fue minoritaria ahora es la del oficialismo, lo que definirá el futuro de la concesión.