Hacer periodismo en Lavalleja nunca fue una tarea sencilla. La cercanía social, la escala chica y la superposición de roles suelen volver todo más frágil.
Pero había, al menos, una regla no escrita que ordenaba el vínculo entre el poder y la prensa local: casi todos los intendentes hablaban. Daban entrevistas, explicaban, respondían. No siempre convencían, pero entendían que gobernar implicaba rendir cuentas.
Ese pacto básico hoy parece resquebrajarse.
El intendente Daniel Ximénez optó por elaborar el presupuesto quinquenal -el principal instrumento político y financiero de su gestión- en un clima de reserva difícil de justificar.
No hubo instancias públicas de discusión, ni explicaciones previas, ni lineamientos claros. Hubo, sí, una conferencia de prensa para anunciar que el presupuesto sería “austero”. Y nada más. La austeridad, sin prioridades explicitadas, es apenas un adjetivo vacío.
¿Qué áreas serán priorizadas? ¿Qué modelo de desarrollo departamental se propone? ¿Dónde se ajusta y dónde se invierte? ¿Cuáles son los objetivos políticos del quinquenio?
Son preguntas elementales en cualquier democracia mínimamente saludable. Hoy, en Lavalleja, no tienen respuesta.
El silencio no se compensa con reuniones informales.
Las charlas privadas con alcaldes, la creación ad hoc de cargos o la organización de eventos no constituyen descentralización. Son, en el mejor de los casos, administración discrecional del poder. En el peor, una forma de diluir responsabilidades sin someter decisiones al escrutinio público.
Tampoco ayuda una estructura de gobierno en la que los directores parecen inhibidos de hablar. Si el intendente no quiere -o no puede- comunicar, la solución no es el mutismo generalizado, sino la designación de voceros claros, con respaldo político y capacidad explicativa. La comunicación institucional no es una concesión graciosa al periodismo: es una obligación republicana.
Conviene recordarlo incluso desde tradiciones ideológicas que el propio oficialismo podría reivindicar.
Líber Seregni insistía en que la ética pública y la honestidad en el manejo de los recursos eran condiciones básicas para la confianza ciudadana.
Danilo Astori sostuvo reiteradamente que la transparencia fiscal no era solo una exigencia técnica, sino un compromiso político con la sociedad, porque el dinero público no pertenece al gobierno sino a los contribuyentes.
Tabaré Vázquez fue explícito al afirmar que gobernar implica explicar, incluso -y sobre todo- cuando las decisiones son impopulares.
José Mujica, desde un registro más llano pero no menos político, dejó una advertencia que hoy conserva vigencia: el poder no cambia a las personas, las desnuda.
Estas posiciones dialogan con una tradición de izquierda democrática que ha hecho de la publicidad de los actos de gobierno una bandera.
Norberto Bobbio definió la democracia como el gobierno del poder público en público. Antonio Gramsci advirtió que ningún poder se sostiene sin consenso informado. Rosa Luxemburgo recordó que sin crítica no hay emancipación posible, sino administración cerrada del poder.
En este marco conviene subrayar un punto esencial: el periodismo no es un actor opositor ni un obstáculo para la gestión, sino un factor constitutivo de la democracia. Su función no es aplaudir ni entorpecer, sino preguntar, verificar y traducir decisiones complejas para la ciudadanía.
Cuando el poder se incomoda frente a las preguntas, el problema no es la pregunta, sino la ausencia de respuestas. Como advirtió Hannah Arendt, la política pierde sentido cuando se separa del espacio público. Sin información, sin explicación y sin diálogo, no hay ciudadanía informada, sino administración cerrada del poder.
No se trata de insinuar intenciones ocultas.
Nadie parece pensar en nada raro.
Pero una cosa es la ausencia de escándalo y otra muy distinta es la existencia de una cultura de transparencia. Gobernar sin explicar no es neutral: erosiona la confianza y empobrece el debate público.
La pregunta sigue siendo simple y legítima: ¿Qué piensa hacer el intendente con la plata del pueblo? Mientras no haya respuesta, el problema no será el periodismo, sino el gobierno.
Ximénez haría bien en mostrar lo que considera sus aciertos. En explicar sus ideas, sus planes y sus prioridades. En abandonar ese stalinismo comunicacional -basado en el control del mensaje por la vía del silencio- y asumir que Lavalleja no se administra entre pocos ni a puertas cerradas.
Se gobierna hablando. Y, sobre todo, explicando.
Pablo Melgar