Por Natalia Gorgoroso
La política departamental se encuentra sumergida en un debate de alta temperatura tras la Resolución N° 541/026, mediante la cual el intendente Dr. Daniel Ximénez (Frente Amplio) aprobó un convenio con la empresa multinacional estadounidense Equifax (propietaria en Uruguay de la firma Clearing de Informes) para gestionar el cobro a contribuyentes morosos.
La bancada de ediles del Partido Nacional (PN) reaccionó de inmediato, calificando la medida de “alarmante” y una “práctica prácticamente extorsiva”, bajo el argumento de que el vecino no debe ser presionado crediticiamente por deudas de Contribución Inmobiliaria.
Sin embargo, el cruce de acusaciones chocó de frente con una muralla de papeles: los archivos oficiales de la propia Intendencia y de la Junta Departamental.
EL “BOOMERANG” DE 2011
La primera pieza del rompecabezas la aportó el edil Mauro Álvarez, quien difundió documentos de la gestión de la entonces intendenta Adriana Peña (PN). En agosto de 2011, mediante la Resolución N° 3374/2011, la administración nacionalista no solo contrató a Equifax (Clearing de Informes) para analizar la cartera de deudores y enviar cartas, sino que el mecanismo se aplicó con rigor.
Informes internos de setiembre de ese mismo año confirman que, en un solo mes, se enviaron 4.500 cartas a contribuyentes advirtiendo sobre el registro de incumplimientos. “Cuando se mandan 4.500 cartas… algo, claramente, se hizo”, sentenció Álvarez ante la negación opositora de haber utilizado esta herramienta en el pasado.
2010: TODOS DE ACUERDO
Pero la indagación documental de SERRANO fue más atrás, revelando que el uso del Clearing de Informes no fue una idea aislada, sino una norma votada por todos. El 6 de octubre de 2010, la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) aprobó el Decreto N° 2902, un proyecto de amnistía tributaria que en su Artículo 10° establecía explícitamente: ante la caída de un convenio por falta de pago “se comunicará al Clearing de Informes y se podrán iniciar las acciones judiciales pertinentes”.
Lo más llamativo del acta mencionada es que la medida fue aprobada por unanimidad (29 votos en 29 ediles presentes en sala). En aquel entonces, ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado celebraron el “fructífero intercambio” y el consenso logrado con el Partido Nacional para “abatir los índices de morosidad” y contar con recursos para obras.
EL MUNDO DEL REVÉS: DISCURSOS DE 2021
La investigación documental permite observar un fenómeno de “roles invertidos” si se comparan las actas de 2021 con el presente. En junio de 2021, el intendente Mario García (PN) defendía la necesidad de cobrar para lograr “justicia tributaria”. Criticó la “cultura de la morosidad” y a quienes “especulan” esperando amnistías para no pagar, afirmando que es injusto para el contribuyente que hace el esfuerzo de estar al día.
En mayo de ese mismo año, era el Frente Amplio (desde la oposición) quien pedía a la administración blanca ser “menos conservadora” y dar más facilidades y contemplación a los deudores.
LA REALIDAD ACTUAL
Hoy, el intendente Ximénez defiende la herramienta bajo la misma lógica que lo hicieron sus antecesores: la necesidad de recaudar para mantener servicios esenciales. Ha prometido “contemplación social” para casos de vulnerabilidad, pero el convenio con la multinacional Equifax ya es una realidad administrativa.
La historia reciente demuestra que el Clearing de Informes ha sido, durante más de una década, el “garrote” silencioso que todas las administraciones de la Intendencia de Lavalleja han tenido sobre la mesa.
El archivo ha dejado claro que, en política departamental, las “prácticas extorsivas” de hoy fueron la “justicia tributaria” de ayer, dependiendo simplemente de quién ponga la firma en la resolución.