La designación de un nuevo funcionario en la Dirección de Tránsito de la Intendencia ha desatado un nuevo cruce político. La controversia se inició tras la denuncia de la edil del Partido Nacional, Carol Aviaga, quien aseguró que el ingreso se realizó de forma directa, violando una normativa departamental que exige un concurso público y abierto para llenar dichas vacantes. Este tema también había sido presentado en los Asuntos Previos de la Junta Departamental por el edil nacionalista, José Rojas, quien solicitó un pedido de informe al respecto. Desde el oficialismo, descartan las acusaciones, las atribuyen a una «operación» de la oposición y defienden la legalidad del procedimiento.
En una detallada exposición a SERRANO, la edil Carol Aviaga explicó el origen de su reclamo, fundamentado en una resolución firmada por el intendente el pasado 14 de agosto. «Existió una vacante en el escalafón de inspectores de tránsito», comenzó Aviaga. Acto seguido, afirmó que la forma de cubrirla rompió con una tradición administrativa de más de una década.
«Según lo que ha pasado en las últimas administraciones, tanto de Adriana Peña como de Mario García, cada vez que iban a entrar inspectores de tránsito a la Intendencia o que había vacantes, se llamaba a concurso», señaló.
La legisladora fue enfática en que no se trata de una elección, sino de una obligación. «Eso está por decreto instaurado, o sea, no es que yo lo quiera hacer o no, sino que hay un decreto departamental que obliga a los gobiernos departamentales a que las vacantes de inspectores de tránsito se tengan que llenar a través de un concurso abierto y público».
El proceso, según Aviaga, garantiza la idoneidad y el mérito de los aspirantes. «No cualquier persona puede ser inspector de tránsito, tiene que tener determinadas calificaciones. Tiene que pasar por un control médico, por un control psicológico. No es que uno puede incorporar a alguien como inspector de tránsito sin haber pasado por un proceso de calificación y méritos», argumentó.
La crítica de la edil también apunta a las funciones que presuntamente ejerce la persona contratada. «En verdad, por lo que hemos visto, no estaría cumpliendo las funciones habituales de un inspector de tránsito, porque es la persona que está cercana al director de tránsito, a Martínez», sugiriendo que actuaría más como un asesor. «Cualquier vecino puede decirnos que lo ve ahí en la Intendencia, en la oficina del director, que muchas veces él está asumiendo el rol del director».
El tema ya fue elevado a la Junta Departamental a través de un pedido de informes del edil José Rojas, y Aviaga adelantó que irán por más. «La idea es hacer un planteamiento formal en la Junta de que el intendente dé explicaciones sobre este tema. Si hay un decreto que te está diciendo cómo debes actuar en tu gestión, no podés obviarlo», sentenció.
Finalmente, aunque inicialmente habló de una posible «ilegalidad», Aviaga reformuló su acusación. «Quería aclararte, no es una ilegalidad. Es algo que está irregular desde el punto de vista de las formas, porque si hace más de 10 años se están haciendo concursos para llenar esos cargos, de buenas a primeras queda uno vacante y el intendente que recién entra lo llena a dedo y sin concurso. No está bueno que pase eso, porque sería un retroceso en las garantías que la gente tiene», concluyó.
Consultado sobre esta denuncia, el director de Tránsito, Eduardo Martínez, se desmarcó de la decisión y evitó dar explicaciones: «no, no, pero eso está totalmente equivocado y es una resolución que está elaborando el comando de la Intendencia, no me corresponde a mí», respondió de forma tajante.
Ante la insistencia, derivó la consulta al jefe comunal: «eso tendría que manejarlo a nivel del intendente. Porque si no hacemos teléfonos descompuestos y yo no quiero hacer un comentario o un teléfono descompuesto».
Quien sí respondió fue el secretario personal del Intendente, Gonzalo Suárez, quien desestimó por completo la denuncia y la enmarcó en una estrategia política. «Primero que nos tiene sin cuidado lo que los blancos hagan. Ya sabemos cómo están operando y cómo se están manejando, agarrando cosas que no tienen ningún sentido», disparó Suárez. «Sabemos de quién viene la forma de trabajar. No nos llama la atención para nada de quiénes son los personajes».
Entrando en el fondo del asunto, el secretario negó cualquier irregularidad. «No estamos metiendo tarea ‘a dedo’, no estamos pasando por encima de nadie, de nada, que eso no es lo correcto y no es la forma de trabajar», aseguró.
Suárez confirmó la existencia del funcionario, pero le dio un encuadre distinto al de la denuncia. Lo describió como «una persona que se adjunta al director de tránsito, que cumple funciones junto al director de tránsito».
Además, aclaró la naturaleza de su contrato para diferenciarlo de un cargo presupuestado: «no es que hayamos metido a alguien a dedo porque no es un funcionario de carrera que ocupe un lugar ni de presupuesto ni nada por el estilo».
La justificación final se basó en la operativa diaria de la dirección. «Tenemos funcionarios que estamos elaborando un trabajo, en este caso en tránsito, de acuerdo a las necesidades que tenemos para poder hacer el trabajo. El director del área tiene su equipo de trabajo y está trabajando, es eso», finalizó.
La controversia, con dos visiones opuestas, queda ahora en manos de la Junta Departamental, donde el Partido Nacional buscará una explicación formal del intendente sobre un procedimiento que, según denuncian, rompe con más de una década de transparencia en el ingreso a la función pública.