El debate por la “actualización” del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tuvo esta semana un giro inesperado en el Senado. Lo que parecía encaminarse a una discusión técnica sobre aportes y sostenibilidad financiera derivó en una denuncia política de alto voltaje. El senador colorado Pedro Bordaberry decidió correr el eje y poner nombre a lo que, según afirmó, es el verdadero problema estructural del sistema de salud uruguayo: “las roscas”.
Bordaberry habló con crudeza, sin eufemismos y con un tono que incomodó a más de un legislador. Dijo saber —y aseguró que todos lo saben— que el principal obstáculo para un mejor sistema de salud no está en los trabajadores ni en los usuarios, sino “en los dos lados del mostrador”. Se refirió a médicos, empresas y prestadores privados que venden servicios a las propias instituciones de las que forman parte o sobre las que influyen, generando un circuito cerrado de intereses que, a su juicio, drena recursos y deja como saldo mutualistas fundidas y proveedores enriquecidos.
La imagen que eligió fue deliberadamente provocadora: “Es como en el fútbol. Los clubes fundidos, los empresarios ricos”. En esa comparación condensó su tesis central: instituciones que cumplen una función social esencial agonizan financieramente mientras alrededor florece un ecosistema de negocios privados que vive del sistema, muchas veces sin controles efectivos.
El senador sostuvo que este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de un signo político. Habló de “amigos del poder” que atraviesan gobiernos y décadas, evocando incluso a los “viejos galerudos de la década del 40”, para subrayar que se trata de una lógica histórica, enquistada en el Estado y en los sistemas regulados. “No son de hoy, no son solo de este gobierno, son de todos”, admitió, incluyendo implícitamente a su propio partido.
En ese marco, cuestionó que la discusión sobre el Fonasa vuelva, una vez más, a concentrarse en aumentar aportes o ajustar sobre los mismos de siempre. Apuntó directamente contra lo que calificó como la salida más fácil: cargar el peso sobre los 155.000 trabajadores que sostienen el sistema, mientras se evita enfrentar a quienes —según dijo— lucran desde posiciones privilegiadas. Ambulancias, servicios de emergencia, acompañantes, venta de insumos, medicamentos y equipamientos médicos fueron mencionados como parte de una red de tercerizaciones y monopolios de hecho que encarecen los costos y asfixian a las instituciones.
Bordaberry contrastó la situación con la reforma del estatuto de la AUF, donde se prohibió la injerencia de terceros en los clubes y se mejoró sustancialmente la recaudación. Para el senador, esa experiencia demuestra que la transparencia y la eliminación de conflictos de interés no solo son posibles, sino eficaces. “Acá pasa lo mismo en la salud, lo sabemos todos, pero no se animan”, lanzó, en una frase que resonó fuerte en la sala.
El mensaje final fue tanto una advertencia como una oferta política. Rechazó cualquier “aumento encubierto” de aportes y denunció la violación del principio de legalidad tributaria mediante decretos, pero al mismo tiempo tendió la mano al Poder Ejecutivo. Dijo que, si el gobierno decide enfrentar de verdad a los intereses enquistados en el sistema de salud, contará con su respaldo. “Jabón, mucha agua, esponja de alambre: acá estamos para apoyar”, graficó.
La intervención dejó expuesto un dilema que atraviesa al sistema de salud uruguayo desde hace años: reformar en serio implica asumir costos políticos y enfrentarse a actores poderosos; no hacerlo implica seguir administrando la escasez y trasladando el peso a quienes trabajan y aportan. En el Senado, al menos por un rato, ese dilema dejó de ser un murmullo conocido para convertirse en una acusación directa, dicha en voz alta.