Pablo Melgar.
La promesa electoral de no generar nuevos impuestos se hizo trizas. Ayer se supo que un
artículo del proyecto de Presupuesto Quinquenal incluye un severo castigo a los fitosanitarios y
crea un registro de cazadores y fija una tasa de 180.000 pesos por año.
En el primer caso obliga a pagar el Impuesto Específico Interno (IMESI), en el segundo fija una
importante erogación para el pago de una nueva tasa. Todo lo recaudado en ambos impuestos
irá al Fondo Nacional de Medioambiente (Fonama).
Se trata de un impuesto que grava la primera enajenación, a cualquier título, de determinados
bienes. Hasta el momento lo pagan bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cosméticos, tabacos,
vehículos, lubricantes y grasas, combustibles, vehículos de uso particular, entre otros.
Los fitosanitarios son productos que protegen a las plantas de organismos dañinos, como
plagas, enfermedades y malezas, para asegurar la calidad y cantidad de la producción
agrícola.
Se trata de sustancias químicas o biológicas utilizadas para controlar organismos nocivos en
cultivos, que deben ser autorizadas, comercializadas y usadas siguiendo normativas
específicas para evitar riesgos a la salud humana y al ambiente.
Tanto los economistas de distintos partidos, como los periodistas que cubren los temas de
Economía, se sorprendieron cuando el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, informó sobre la
aplicación .
Algunas gremiales agropecuarias manejaban el proyecto y trasladaron su preocupación a las
autoridades de gobierno. Los miembros de la oposición política no fueron informados sobre el
punto. Fuentes del sector agropecuario dijeron a Serrano que la aplicación del Imesi a los
fitosanitarios podría llevar a duplicar el costo de los fertilizantes.
Escondido. La Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda en la Cámara de
Diputados, pasó a debatir sobre impuestos «escondidos», al decir de representantes del Partido
Nacional.
Lo más polémico es el artículo 468 del proyecto de ley, que establece que a las «sustancias
activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios» se les cobrará un impuesto, el
cual se determinará «de acuerdo a un monto fijo por litro o kilo, según corresponda».
Este pago podría ser de hasta 25 Unidades Indexadas (UI), o sea unos $160.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo «a fijar montos diferenciales para las distintas sustancias activas
incluidas en este numeral considerando criterios de peligrosidad para la salud».
Tras una extensa jornada de trabajo, el diputado nacionalista Pablo Abdala recibió ayer a
Serrano para dar a conocer su preocupación por esta nueva carga impositiva. Aseguró que
este cobro «no tiene ningún fundamento» y que «lo presentan como un instrumento de gestión
ambiental».
Hunter. Por otra parte, el artículo 471 del Presupuesto crea un «registro de cazadores de
alcance nacional a cargo del Ministerio de Ambiente con la finalidad de habilitar y controlar
mediante la inscripción, las actividades de caza de fauna silvestre».
Lo que se podría definir como un segundo impuesto. Asimismo «crea una tasa a efectos de la
habilitación de las actividades de caza y su inscripción en el registro, que será recaudada por el
Ministerio de Ambiente.
El Poder Ejecutivo podrá graduar el monto de la tasa entre un mínimo de 1 UR (una unidad
reajustable) y un máximo de 100 UR, en función de las especies a cazar, el cupo de ejemplares
y la extensión del período de vigencia del registro», dice el texto. Una UR equivale a $ 1.835,93.