El debate por la represa de Casupá está alcanzando nuevos niveles. La oposición política orquestó ayer una fuerte movilización a dos bandas. Empero, el gobierno sigue sin organizar una defensa política del proyecto, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sigue solo con su iniciativa.
Ayer desde la mañana la Comisión de Ambiente del Senado recorrió la zona afectada durante toda la jornada. Al mismo tiempo, desde la Cámara de Representantes, en Montevideo, la diputada Adriana Peña se despachaba con el discurso más virulento hasta el momento.
Peña denunció que el Ministerio de Economía resolvió crear una comisión para atender problemas en el Medio Ambiente, según aparece en el proyecto de presupuesto quinquenal.
Esta medida sería para evitar que los organismos internacionales de crédito suban el precio de la deuda por cuestiones ambientales, según denunció Peña.
En tal sentido, la diputada por Lavalleja destacó que “por destruir Casupá, Uruguay corre el riesgo de pagar más intereses de deuda”.
Además, la legisladora destacó que los vecinos del lugar no podrá hacer uso del agua de la mayor represa del país, algo que “viola los Derechos Humanos de las 100 familias que viven en el lugar”.
Estos residentes no pueden plantar o pastorear ganado en las cercanías de la represa. “Pagamos casi 50 millones de dólares por María Dolores y acá vamos a echar a 100 familias que no le piden nada al Estado y producen”, advirtió.
La legisladora cree que la extracción de agua para Montevideo hay que tomarla de Delta del Tigre, costero al Río de la Plata, como Buenos Aires y Colonia.
Mientras tanto, legisladores del Partido Nacional y el Frente Amplio que integran la Comisión de Ambiente del Senado visitaron este viernes la zona de Gaetán en el departamento de Lavalleja, donde se prevé la construcción de la represa en el arroyo de Casupá.
Desde el lugar, el senador nacionalista Martín Lema señaló al diario El País que se debe dar «dimensión humana al tema, porque detrás de la decisión con una cantidad de consecuencias negativas hay una cantidad de familias afectadas, en algo que genera una gran incertidumbre en la gente».
«Hay incertidumbre de qué va a pasar con las fuentes de trabajo, por el aspecto productivo, en lo que tiene que ver con los estudios de impacto final y de cuál va a ser el costo final de toda esta decisión», añadió.
Por otro lado, Lema se refirió «al punto de vista estratégico» ya que «capaz se hace toda la obra y en realidad, al no ser una fuente alternativa de suministro de agua potable se dan una serie de consecuencias negativas sin cumplir con el objetivo».
En ese sentido, el senador blanco señaló que va «a exigir que el ministro de Ambiente (Edgardo Ortuño) venga a la zona afectada, no a una reunión aislada».