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    Sociedad

    La  SAL  reclamó  garantías  para  productores  afectados  por  el  proyecto  de  la  represa  de  Casupá

    Serrano EditorBy Serrano Editor17 julio, 2026No hay comentarios5 Mins Read
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    Por Yandira Castro

    La Sociedad Agropecuaria de Lavalleja (SAL) ratificó su respaldo a los productores que podrían verse afectados por el proyecto de la represa de Casupá y reclamó mayores garantías antes de que el emprendimiento avance. La posición fue reafirmada este jueves durante una conferencia de prensa realizada en el Centro Comercial e Industrial de Lavalleja (CCIL), luego de una reunión mantenida el día anterior con el presidente de OSE, Pablo Ferreri, el intendente Daniel Ximénez y autoridades del organismo.

    En la conferencia participaron la presidenta de la gremial, Ana Pombo, los directivos Ignacio Cortinas y Guillermo Rivadavia, junto al gerente y secretario de la SAL, Julio “Tito” Oyenard.

    La instancia tuvo como objetivo informar el resultado del encuentro con las autoridades y explicar la posición institucional expresada días atrás en una declaración pública, donde la gremial manifestó que su obligación estatutaria es defender a los productores del departamento.

    “NO DECIMOS REPRESA SÍ O REPRESA NO”

    Ana Pombo aclaró desde el inicio que la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja no adopta una posición técnica sobre la construcción de la represa, sino que procura acompañar a los productores. “Nosotros no estamos diciendo sí represa o no represa. Eso les compete a los técnicos y a los que saben. Nosotros somos productores y como productores tenemos el compromiso de acompañar a los productores de nuestro departamento”, explicó.

    La presidenta de la SAL explicó que solicitaron la reunión porque entendían que existía información que aún no había sido presentada a quienes podrían resultar afectados.

    “Pedimos la reunión porque entendíamos que faltaba un montón de información. Estábamos pidiendo garantías para los productores. Están pasando por una situación difícil y a veces participan de las reuniones, pero no se animan a preguntar. Para eso estamos nosotros como institución”, indicó.

    Pombo destacó que durante el encuentro recibieron respuestas a varias de las inquietudes planteadas y entregaron por escrito una serie de preguntas elaboradas a partir de las consultas realizadas por los propios productores.

    Asimismo, remarcó que la Sociedad Agropecuaria continuará poniendo su sede a disposición para futuras reuniones y reiteró que respetará las decisiones individuales de cada familia. “Estamos para ellos, estamos para acompañarlos. Los dejamos libres para que cada uno pueda decidir qué es lo mejor para su realidad”, aseguró.

    CONTEMPLAR IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO

    El directivo Ignacio Cortinas sostuvo que, si bien OSE presentó información técnica sobre costos y alternativas, la gremial insistió en que el proyecto debe incorporar una evaluación social y productiva. “Solicitamos muy fuertemente que, además de toda esa estructura de costos y del análisis técnico, se tenga en cuenta todo el entramado social que existe en esa zona de Casupá”, comentó.

    Entre los planteos realizados durante la reunión mencionó la necesidad de conocer con precisión la pérdida de superficie productiva, el impacto económico para el departamento y el país, así como las consecuencias para trabajadores rurales, empresas de servicios, infraestructura, caminería y conectividad.

    También solicitaron que las respuestas brindadas verbalmente por las autoridades sean entregadas por escrito para continuar el intercambio con mayor respaldo documental.

    CONTINUIDAD DE LAS EXPLOTACIONES

    Guillermo Rivadavia señaló que durante la reunión se habló de un eventual plan social para los afectados, aunque reconoció que no se presentaron definiciones concretas. “Se dice que está contemplado y que tienen un plan, pero no lo manifestaron”, expresó.

    La SAL manifestó especial preocupación por aquellos establecimientos que no serían expropiados en su totalidad, pero quedarían divididos por el futuro embalse.

    En ese sentido, Cortinas sostuvo que también deberán garantizarse las condiciones para que esos productores puedan seguir desarrollando su actividad. “Nos preocupa el productor al que el lago le parte el campo al medio o le deja una fracción aislada. Ese también tiene que tener condiciones para seguir produciendo”, señaló.

    TRASCIENDE A LOS PROPIETARIOS

    Durante la conferencia, los directivos insistieron en que el impacto del proyecto no se limita a los propietarios de los predios. Según la información proporcionada por OSE en la reunión, el área involucraría 110 padrones, correspondientes a 47 propietarios, abarcando aproximadamente 3.000 hectáreas.

    Sin embargo, la gremial sostuvo que la afectación alcanza además a los asalariados rurales, contratistas, veterinarios, transportistas y numerosos prestadores de servicios vinculados a la actividad agropecuaria. “No es solamente el propietario. Hay mucha más gente involucrada y ese entramado social también tiene que ser ponderado”, explicaron.

    CON PRODUCTORES AFECTADOS

    Julio “Tito” Oyenard informó que el presidente de OSE se comprometió a realizar una nueva instancia de diálogo, esta vez con participación directa de los productores afectados. Según explicó, el encuentro se organizará en las próximas semanas y contará con representantes de OSE, la Intendencia y voceros de los productores para facilitar un intercambio más ordenado. “Lo importante es que la información no quede solamente publicada en una página web, sino que también pueda transmitirse cara a cara”, señaló.

    DECLARACIÓN PÚBLICA

    La conferencia se realizó pocos días después de que la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja difundiera una declaración pública en la que fijó oficialmente su posición sobre el proyecto Casupá.

    En ese documento, la institución sostiene que su obligación estatutaria es la defensa irrestricta de la producción agropecuaria de Lavalleja, respaldar gremial y jurídicamente a los productores de la cuenca y solicita al gobierno nacional y a OSE la suspensión de cualquier avance administrativo hasta conformar una comisión tripartita integrada por el Estado, los productores y las gremiales.

    Además, advierte que aún no existe un balance público que cuantifique las hectáreas productivas que dejarían de utilizarse, el volumen de producción que se perdería ni un plan de continuidad para las familias afectadas.

    La declaración concluye afirmando que “el agua para la población y la producción de alimentos no deben ser objetivos enfrentados” y que la SAL “estará, donde siempre estuvo, del lado del que produce”.

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