Por Yandira Castro
La bancada de ediles del Partido Nacional en Lavalleja realizó una conferencia de prensa en la Departamental Nacionalista, para anunciar la presentación de dos recursos administrativos contra la resolución vinculada a la colocación de una placa de memoria en Avenida Artigas, en el cantero central, en la zona del Batallón de Infantería Nº 11.
En la conferencia participaron los ediles Enzo Lima, José Rojas, Óscar Villalba, Walter Larrosa, Ana Laura Nis, María Noel Pereira, Joaquín Hernández y Gastón Elola, quienes insistieron en dejar en claro que la discusión no apunta al reconocimiento de los hechos ocurridos durante la dictadura, sino al procedimiento utilizado para aprobar la instalación de lo que definen como “un monumento”.
CONTRA LA FORMA, NO EL CONTENIDO
El primero en tomar la palabra fue el edil Joaquín Hernández, quien explicó que los recursos fueron presentados ante la Cámara de Diputados y ante la Intendencia Departamental, impugnando las resoluciones vinculadas a la colocación de la estructura en el cantero central de Avenida Artigas.
“Nosotros estamos yendo contra cuestiones de forma, no contra la temática de fondo”, afirmó Hernández, remarcando que existe una ley nacional de sitios de memoria aprobada con acuerdo de todos los partidos políticos.
Según sostuvo, el planteo del PN radica en que la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) aprobó la iniciativa con 17 votos cuando, de acuerdo al artículo 37 de la Ley 9.515, debían alcanzarse 21 votos por tratarse de una obra o monumento en espacio público.
PRIETO HABÍA ADVERTIDO
Hernández señaló, además, que el propio director de Jurídica de la Intendencia, doctor Ramiro Prieto, habría advertido previamente al intendente que la aprobación requería mayoría especial.
El edil también indicó que la Comisión de Sitios de Memoria había mantenido reuniones previas con la bancada nacionalista buscando alcanzar unanimidad política para evitar la “politización” del tema.
“Nosotros dimos libertad de acción porque somos un partido de mujeres y hombres libres”, expresó, agregando que una integrante de la bancada votó a favor de la instalación de la placa y que esa posición fue respetada, refiriéndose a la edil Verónica Machado.
Asimismo, expresó que la “la Junta proclamó afirmativa una votación que requería 21 votos”, habiendo votado 17 ediles a favor.
“CLARAMENTE ES UNA OBRA PÚBLICA”
Posteriormente, la edil María Noel Pereira profundizó en los argumentos jurídicos presentados en los recursos. La dirigente sostuvo que el PN solicitó reconsiderar la votación en la sesión de la Junta Departamental, pero afirmó que esa posibilidad no fue habilitada.
Pereira explicó que la bancada recibió asesoramiento jurídico del profesor Augusto Durán Martínez y del abogado Marcelo Nievas para la presentación de los recursos.
Según detalló, uno de los recursos fue interpuesto ante la Cámara de Diputados mediante el artículo 303 de la Constitución, mientras que otro recurso de reposición fue presentado ante el intendente departamental junto con una solicitud de suspensión provisional del acto administrativo.
La curul insistió en que la estructura proyectada debe considerarse un monumento u obra pública. “Imagínense una pared de 1,80 por 1,20 en el cantero central de Avenida Artigas. Claramente es una obra pública en un espacio público”, sostuvo.
Pereira indicó además que, de mantenerse la obra mientras se analiza la legalidad del procedimiento, podría generarse una situación aún más compleja si posteriormente la resolución fuera anulada. “Imaginen que después haya que derrumbarlo. Hasta sería una falta de respeto para la Comisión de Sitios de Memoria”, expresó.
“NO ESTAMOS FRENANDO LA PLACA”
Consultados sobre por qué el Partido Nacional no acompañó la votación, Joaquín Hernández respondió que existe una interpretación errónea sobre la postura nacionalista. Afirmó que “no estamos intentando frenar la colocación de una placa de sitios de memoria”.
El edil sostuvo que la Comisión de Sitios de Memoria podría haber seguido el mecanismo previsto en la ley nacional, instalando la señalización dentro del predio militar -en este caso el Batallón de Infantería Nº 11- y no en el cantero central de la Avenida Artigas.
Incluso mencionó como antecedente el caso de Treinta y Tres, donde -según explicó- una placa fue colocada junto al cuartel y aprobada con 21 votos en la Junta Departamental.
Hernández también cuestionó la rapidez con que el tema ingresó a votación. “Había tiempo, no era urgente”, manifestó, agregando que la intención original era alcanzar un acuerdo entre todos los partidos.
“SABEMOS LO QUE PASÓ EN EL CUARTEL”
Más adelante, el edil Gastón Elola intervino para remarcar que dentro del PN existe reconocimiento de los hechos ocurridos durante la dictadura. “Tuve familiares detenidos en el cuartel y amigos, y sé lo que pasó en el cuartel. Como todos en Minas, sabemos que lo que pasó, pasó”, aseguró.
Elola reiteró que el cuestionamiento no es contra la memoria histórica sino contra el incumplimiento de las normas. “Si estamos haciendo memoria de algo que pasó y que no queremos que vuelva a pasar, yo como integrante del Partido Nacional defensor de las leyes, no puedo permitir que si necesita 21 votos se haga con 17”, expresó.
También lamentó que no se hubiera esperado para construir una solución consensuada entre todos los partidos políticos. “Yo quería que esa placa se colocara donde la ley decía o en el lugar que los 31 ediles nos pusiéramos de acuerdo”, indicó.
RECURSOS CON RESPALDO COLORADO
En el tramo final de la conferencia, María Noel Pereira informó que los recursos fueron firmados por toda la bancada nacionalista, incluida la edil Verónica Machado, quien había votado a favor de la colocación de la placa en el cantero central.
Pereira señaló, además, que el Partido Colorado acompañó ambas presentaciones administrativas.
Según explicó, la Cámara de Representantes tendrá un plazo inicial de 15 días para solicitar ampliaciones o información adicional, mientras que el recurso presentado ante el intendente podría derivar eventualmente en actuaciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
De todas formas, Pereira expresó que esperan no llegar a esa instancia y que el Ejecutivo departamental suspenda la obra mientras se resuelve el planteo jurídico. “Esto no es contra la colocación de la placa de sitios de memoria. Eso se tiene que hacer porque lo manda la ley”, concluyó.