La responsabilidad sobre los despidos de funcionarios del gobierno de Batlle y Ordóñez quedará de
manifiesto en los próximos días cuando el alcalde, Conrado Da Cunha, se haga presente en la Junta
Departamental. El deliberativo aprobó anoche -por unanimidad- su convocatoria. La propuesta fue
presentada por el edil colorado Luis Carresse, líder del sector político del alcalde.
Si bien se venía manejando que son cinco los funcionarios afectados, anoche se supo que en realidad la
medida alcanzó a nueve trabajadores en total. La edil Carol Aviaga aseguró en sala que hay cuatro ex
funcionarios que “perdieron hasta las ganas de pelear por lo que les corresponde”.
Los blancos propusieron que el alcalde se presentara con los restantes cuatro integrantes del Concejo,
donde hay representantes de todos los partidos políticos, lo que fue rechazado por las bancadas del Frente
Amplio y del Partido Colorado.
La convocatoria no tiene fecha y el presidente de la Junta Departamental, Mauro Alvarez, es el encargado
de realizar los contactos correspondientes para que se concrete el llamado.
“Aquí se cortó la libertad y la democracia, coartamos la libertad de otras personas de venir a dar su
opinión con seguridad todas favorables al alcalde o capaz que no. Las mayorías mandan, vamos a
escuchar al alcalde y al intendente como corresponde”, dijo el nacionalista Gastón Elola.
Hasta el momento, el intendente Daniel Ximénez, no ha puesto fecha para su comparecencia ante la Junta
Departamental para explicar los despidos en la localidad norteña.
El jefe comunal y el alcalde Da Cunha se intercambian responsabilidades sobre la decisión del cese de los
funcionarios. Desde que asumió, el intendente ha venido anunciando a todos los funcionarios que no
habrá cambios en la plantilla hasta el mes de diciembre.
Por su parte, el alcalde aseguró que está en su derecho de integrar el equipo de acuerdo a su propio criterio
técnico y político. No obstante, no se responsabiliza por la decisión definitiva del asunto.
“La potestad de presupuestar a los funcionarios la tuvieron durante más de 10 años y no lo hicieron, los
mismos que se fueron son los que dijeron que estos funcionarios son dispensables y les hicieron un
contrato hasta el 31 de julio”, aseveró Carresse.
Ana Laura Nis, del Partido Nacional, solicitó que la presencia de ambas autoridades sea informada entre
48 y 72 horas para poder organizar el cuestionario correspondiente de la mejor manera. Además, solicitó
que el alcalde Da Cunha traslade la información que maneje sobre las auditorías que anunció. “Somos
parte del control de la alcaldía, vamos a venir a hablar sobre algo que puede ser verdad o mentira. Yo no
tengo en qué basarme sin saber que pedido se ha hecho”, afirmó.
Seguridad.
El tema de la seguridad pública en el departamento fue el detonante de la sesión extraordinaria convocada
a pedido de ediles blancos, frentistas y colorados. Las rapiñas ocurridas días fueron el telón de fondo del
llamado. Si bien la banda de delincuentes ya fue apresada e imputada por a pedido de la Fiscalía, el tema
sigue preocupando a los ediles.
La coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Paola Rojas, dijo que se trata de un tema que “invita a
reflexionar”. Agregó que en su bancada están llamando a “pensar junto las soluciones”. Destacó que en
una reunión de los ediles oficialistas con el jefe de Policía se les explicó cómo habían las actuaciones de
los efectivos.
“Por suerte, muchos de los casos están resueltos. Proponemos una audiencia de los coordinadores de
bancada de la Junta con el Jefe de Policía”, afirmó.
El edil frenteamplista Hugo Migliani celebró la incorporación de 70 nuevos efectivos a la Jefatura de
Policía de Lavalleja y el traslado de la seccional de Marmarajá a Villa Serrana, uno de los principales
puntos turísticos que pasará a contar con destacamento, unas policlínicas y oficinas municipales.
Además, trasmitió que se incrementará la presencia de vehículos cero kilómetro dado que la flota se
encontraba vetusta con móviles que “consumían más aceite que combustible”.
El edil destacó, por otro lado, que con respecto a los robos acaecidos a remesas “el Ministerio del Interior
advirtió previamente al Centro Comercial e Industrial de Lavalleja sobre el incumplimiento de los
protocolos de seguridad”. “Cuando no se cumplen las disposiciones reglamentarias incluso los seguros
pueden no cubrir los montos sustraidos”, aseveró el edil oficialista.
Por su parte, el colorado Carresse mencionó su preocupación por la violencia doméstica en el
departamento y destacó la gestión de los policías del departamento de Lavalleja. Propuso que la
Intendencia de Lavalleja colabore con la Policía mejorando la iluminación y colocando sistemas de
cámaras en las calles y rutas departamentales.
Uno de los promotores de la convocatoria para la reunión extraodinaria fue el colorado Néstor Calvo.
Levantó las firmas para hacer el llamado. “La idea no era darle palo al gobierno, tan así fue que al otro día
mandamos una carta al jefe de Policía quien a las 24 horas nos recibió. Fue una entrevista muy productiva
que nos aclaró varios puntos”, dijo Calvo.
Mientras tanto, el nacionalista Elola remarcó que “la Intendencia podría colaborar con algunas cámaras
para los barrios y pueblos pequeños”. “Los particulares, y en particular la gente de campaña, aunque no
llegue la fibra óptica, la Policía tiene un sistema para la colocación de cámaras en diversos lugares. Tal
vez con ayuda de los vecinos se pueda hacer algo”, señaló.
El edil propuso que la Intendencia se haga cargo del alquiler de una casa para las personas que se
encuentran en situación de calle.