Pablo Melgar
Un investigador, o novelista, sostuvo que en tiempos de don Francisco Piria unos 400 obreros
desaparecieron tras huir de la obra de Piriápolis. Al parecer, nunca más se supo de ellos. Se los tragó la
tierra. Además, agregaba que se trataba de vascos, catalanes y gallegos pobres llegados de Europa
directamente al puerto del futuro balneario.
También decía que un comisario había salido a darles caza. Me puse a investigar, le busqué la vuelta.
Imaginé que si habían huido podrían haber venido hacia Minas. En esa época, principios del siglo XX, la
protesta social ya estaba instalada. Habría algún registro, algún dato, algo.
Pues no, la conclusión era obvia: todo era una invención. Algo perfectamente lícito cuando queda claro
que es un relato novelado. En caso contrario, hay que ofrecer algún camino para llegar a la verosimilitud,
como decir la verdad, por ejemplo. Aquí no había nada. ¿Fuente? Sí, la de la Plaza Libertad. Es decir,
agua y luces.
¿Alguien le pidió explicaciones? Nadie. Muchos leyeron sus libros y creyeron sus fantasías. Bueno, eso
está mal. El terreno de la fabulación es una maravilla cuando se hace literatura. En cambio, cuando se
intenta armar un relato, ya sea social o político, se vuelve una vil patraña, una mentira. Así no crecen las
naciones. Tampoco los departamentos o las regiones geográficas.
El pobre investigador o novelista no tiene una responsabilidad social más allá de lo desagradable que
puede ser quedar expuesto ante una verdad controvertida. Sin embargo, una autoridad política sí tiene que
dar explicaciones sobre sus falsedades en público.
En los últimos días, tras pensarlo durante varias semanas, la diputada Adriana Peña y el dirigente
nacionalista Víctor Herzberg salieron a marcar una aparente fábula del intendente Daniel Ximénez.
El jefe comunal se sentó ante los ediles de la Junta Departamental y les aplicó el tratamiento de la
paciencia:10 horas repitiendo que todo lo hecho por él, y el alcalde de Batlle y Ordóñez, está bien, que no
hay mayores problemas en mandar a nueve funcionarios a la casa y luego sustituirlos por otros, luego de
haber dicho que no se afectaría el trabajo de nadie.
Entonces resolvió atacar al ex intendente Mario García, quien ha resuelto no responder ni declarar ante
nada ni nadie, por tanto es una crítica gratuita, sin respuesta posible.
Usando datos incontrastables para los medios locales, Ximénez aseguró que en el año 2021, el primer año
del gobierno de García la cifra de cesantías fue de 636 vínculos eventuales, “las cuales no fue renovado su
contrato, equivale a una reducción del 52.6%”.
Y uno lo escucha y puede pensar: “¿qué son nueve changas de Batlle si este otro mudo dejó a 636
personas sin trabajo?”. No es tan así la cosa.
De esta forma Ximénez pretendía justificar su incumplimiento electoral. Pero, como a la fábula sobre
Piria, al relato de Ximénez le faltan elementos. Tanto Peña como Herzberg, ya que García sigue en
silencio, han explicado que esos números corresponden a una realidad social del momento. Fue cuando se
generaron puestos de trabajo por la emergencia sanitaria.
En este otro relato tampoco hubo protesta social. Se puede pensar que García tiene la capacidad de ahogar
la queja de 636 personas y sus respectivas familias. Imposible. El asunto debería haber estallado y no lo
hizo. Por tanto, el error está en otro lado.
Tanto la diputada Adriana Peña como el dirigente Víctor Herzberg pueden explicar hasta el cansancio
cualquier cosa, en el error o en el acierto, que no obtendrán una respuesta del actual intendente y tampoco
del anterior. Como antes lo hizo García, ahora lo hace Ximénez.
Ambos tienen la misma actitud soberbia ante los ciudadanos. Los dos se niegan al debate de la gestión y
ambos afectan con su silencio la democracia departamental. Uno ya perdió las elecciones.